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Burguera
Sábado, 24 de junio 2023, 01:39
Siempre hay una primera vez para todo y el Consell está a punto de lograr algo que no había pasado: la disminución de beneficiarios de la ley de Dependencia. Fuentes del Consell aseguran que la curva de personas incluidas en las ayudas públicas nunca había ... descendido. Nunca. Sin embargo, en pocas semanas, según las mismas fuentes, se puede registrar la primera caída en el número de usuarios beneficiados por la ley a causa de la falta de crédito.
Un gasto público disparado, una deuda inabarcable y unas prioridades cambiantes son los elementos que sitúan los datos de la Dependencia contra las cuerdas. En la Conselleria de Hacienda ya se temían esto desde hace tiempo. Entre sus altos cargos cunde el pesimismo desde hace meses, al comprobar que cualquier nueva medida de gestión va contra unas arcas públicas depauperadas. Ese agotamiento de la tesorería de la Generalitat llega al punto de que en unas semanas puede revertirse una línea ascendente de la que el tripartito ha presumido siempre… hasta ahora.
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha incrementado desde 2015 en un 255% el número de personas en situación de dependencia atendidas por la Administración, según los datos de este departamento. A fecha de 1 de junio, un total de 144.699 personas están recibiendo un servicio o una prestación de dependencia frente a las 41.955 de 2015. Sin embargo, los que son favorecidos por este tipo de asistencia pública son personas objetivamente en una situación muy complicada. Muchos de ellos fallecen. Fuentes del tripartito en el Consell advierten, precisamente, que el descenso del número de las personas beneficiarias a causa de su fallecimiento se compensa regularmente y de manera importante gracias a los nuevos receptores. Es cierto, también, que muchos solicitantes mueren antes de recibirla.
El incremento constante de beneficiarios, sin embargo, se verá quebrado justo al final de la singladura del Botánico al frente del Consell. Desde hace 40 días, Igualdad espera una respuesta positiva de Hacienda para incrementar el crédito con el que se afronta la incorporación de nuevos beneficiarios por la Ley de Dependencia. Fuentes de la conselleria que dirige Arcadi España admiten que tienen entre manos ese problema y que no se vislumbra demasiada voluntad de arreglarlo. Fuentes del sector público de la Generalitat explican lo que ocurre en los despachos de los cargos públicos que pronto serán cesados: «Han soltado el boli». No hay firma, no hay ejecución, todo se colapsa. La tensión en la tesorería de la Generalitat es un mal endémico por la falta de financiación, pero la maldad, igual que la bondad, tiene grados y en el caso del Consell, el problema de liquidez es de una maldad supina. Así pues, hay que priorizar, y la preferencia no es ampliar el margen para aumentar los receptores de la Dependencia.
«Ese crédito es legalmente ampliable. Los usuarios descenderán, porque fallecen beneficiarios y si no entran nuevos... el crecimiento 'vegetativo' será negativo. Es increíble. No hay voluntad», admite a este periódico un alto cargo del Consell.
Estamos hablando, en términos de Dependencia, de grandes números. Pero detrás de ellos hay personas. Miles de personas. El departamento que dirige Aitana Mas (Compromís) reclama a la conselleria que dirige el socialista Arcadi España (Hacienda) un total de 35.250.859,66 euros con el fin de sacar adelante 13.776 expedientes valorados y pendientes de la existencia de crédito para proceder a su reconocimiento y pago. En la conselleria de España tienen constancia de ello desde hace semanas. Y también saben las consecuencias.
«La falta de crédito producirá como efecto inmediato no poder resolver, a partir de la segunda quincena de junio, resoluciones económicas en materia de Dependencia a favor de personas que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa», recuerdan desde la conselleria de Mas a Hacienda, donde la legislatura parece que se da ya por finiquitada y algunos de sus altos cargos ya están más pendientes de su futuro personal tras el cambio de signo político en la Generalitat después del 28-M.
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