El colapso de las liquidaciones sanitarias: en 2023 se aprobaron las de 2009 y 2010 de la concesión de Manises

El órgano fiscalizador explica que en el ejercicio analizado se han aprobado ocho liquidaciones por un importe de 164,4 millones de euros a favor de la administración autonómica. Eso sí, añade que a 31 de diciembre de ese ejercicio había «40 liquidaciones anuales pendientes de aprobar de las cinco concesiones sanitarias».

La Sindicatura recuerda que ese hecho contraviene las clausulas contractuales, que establecen que las liquidaciones se han de efectuar antes del 31 de marzo del año siguiente al que corresponden.

No es un detalle menor. La Sindicatura explica que esas 40 liquidaciones tendrían un importe estimado para la Generalitat de 411,1 millones de euros a su favor. Una cifra que aún se podría incrementar a lo largo de la tramitación y por el pronunciamiento de los tribunales.

La mayoría de las liquidaciones aprobadas y en trámite suponen derechos a cobrar por la Generalitat, por lo que el retraso en la aprobación de las liquidaciones pendientes «puede suponer un perjuicio económico para la Administración».

Paradójicamente, explica el Síndic, la conselleria de Sanitat se ve obligada a aprobar «expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto a favor de las concesionarias por importes muy significativos». El Consell se ve obligado a pagar los gastos derivados de servicios prestados por las concesionarias no previstos en los contratos iniciales, «consecuencia de una inadecuada determinación del objeto de la asistencia integral, por no incluir todos los servicios y suministros que realmente se necesitan para ser propiamente una asistencia integral».

La Sindicatura también explica que en 2023, se han aprobado las dos primeras liquidaciones de los ejercicios 2009 y 2010 de la concesión de l'Horta-Manises, que suman 22,2 millones de euros a favor de la Administración, importe muy inferior al estimado por la Conselleria en los últimos ejercicios en los que se aplicaba un criterio más amplio en la facturación de la libre elección a favor de la Administración.