La community manager del centro de atención telefónica admite que no tenían redes sociales

La empleada no recibió ningún tipo de formación y ha reconocido que trabajaba también en otras ocupaciones como los encargos de la firma Técnica Legales Administrativas, la empresa en la sombra del suegro de Marcos Benavent, en el municipio de Requena.

Carlos Martínez, por su parte, ha explicado que apenas tuvo formación de la empresa Servimun, la adjudicataria. Prácticamente no conocía ninguno de los resortes de la mercantil y todo esto pese a que era responsable del grupo. Ha admitido que no se hicieron campañas de publicidad ni conocía a informáticos que prestasen servicios a la adjudicataria.

Del mismo modo, Martínez ha reconocido que trabajaba para otros otros ayuntamientos, como el de Requena, aunque sólo cobraba de la empresa del call center. Nunca le reportaron que existieran problemas en el servicio, según se desprende de su testimonio.

Ana Trénor ha sido otra de las comparecientes de este lunes. No ha sabido explicar cómo vieron su currículum en la dirección de la empresa. Fue contratada como operadora, pero también dio la formación inicial al resto, una instrucción que duró una mañana. Luego, esto no se completó. De vez en cuando se solventaban algunas dudas, «pero esto era algo informal», ha precisado. A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción ha admitido que por las tardes no se trabajaba. Los sábados por la mañana tampoco se atendía el servicio. Eran nueve personas las dedicadas supuestamente a esta tarea.

José Manuel Haro, exalcalde de Chiva y diputado provincial de Hacienda, ha cerrado la jornada. Rus explicó en su momento que fue él quien le propuso la idea de hacer una encomienda de gestión a Imelsa para ejecutar el call center, tal y como él ha ratificado. Se trataba de mejorar el servicio de gestión tributaria, ha explicado. «Todo era muy urgente en esta área», ha añadido.

Haro ha admitido que nunca hizo ningún informe de necesidad sobre este servicio pero que tampoco esto era su competencia. El exdiputado desconocía que en 2014 un juzgado había anulado la encomienda. Se ha enterado supuestamente hoy, a preguntas de Anticorrupción. Tampoco sabía que un año después se cerró el servicio. Ha subrayado que Alfonso Rus nunca propuso el call center sino que fue él y otro responsable de la Diputación, los impulsores de la iniciativa.