Competencia dicta resolución por el cártel de las productoras de Francis Puig y sus socios

La investigación abierta por Defensa de la Competencia de la Generalitat sobre el cártel de las productoras que lideran Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, y la familia Adell Bover, ya ha concluido y la resolución va a ser remitida a los afectados, según ha confirmado la conselleria de Economía tras la consulta realizada por LAS PROVINCIAS.

El caso saltó después de que À Punt detectara un pacto de precios entre varias productoras de televisión para quedarse con varios lotes de un concurso de corresponsalías para la cadena pública, como informó este periódico. Entre ellas, Comunicacions dels Ports, de Francis Puig, y Canal Maestrat y Kriol, propiedad de los hermanos Adell Bover. Estas sociedades pactaron las ofertas para que todas se vieran beneficiadas en el posterior reparto de los lotes. La dirección de la cadena pública puso en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia la irregularidad descubierta y esta trasladó el caso al órgano autonómico, que abrió un expediente el 16 de octubre de 2019 al detectar incumplimientos de la ley de Contratos del Sector Público.

Una vez resuelto el expediente y notificado a las partes, se abre un plazo para que los afectados pidan de manera motivada que algunos de los datos contenidos en la resolución sean anónimos. Una vez se cumpla el trámite, Competencia hará pública su decisión. Este periódico preguntó por el sentido de esa resolución, pero desde la conselleria de Economía evitaron pronunciarse hasta que no transcurran los plazos marcados.

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha solicitado por vía judicial los datos de ese expediente y la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia deliberará hoy sobre la denuncia presentada por los populares por un delito contra los derechos fundamentales. La conselleria de Economía se negó a entregar la documentación a la popular Eva Ortiz, la diputada que presentó la denuncia, sobre el expediente abierto al cártel de las productoras.

El Alto Tribunal deliberará aunque su decisión todavía tardará unos días. El PP ya tiene a su favor 39 resoluciones sobre petición de información. Economía optó en un principio por no facilitar la documentación solicitada por los populares al considerar que la denuncia en un principio partió de la propia À Punt, que es la que decidió excluir del concurso a todas las empresas que habían pactado precios.

La forma de ganar un lote cada empresa era sencilla. Todas se presentaban pero era una la que ponía el precio más bajo en cada propuesta. De esa manera, las dos restantes siempre iban por arriba en su propuesta. Era una especie de pacto de caballeros: no había agresión y cada una se quedaba con una parte del pastel. Comunicacions dels Ports aspiró al lote 1 de 24.200 euros; Kriol era la favorita par el lote 2, por 36.300 euros y Canal Maestrat, al lote 3 por 33.880 euros. Las tres presentaron idéntica oferta a la baja en cada uno de esos lotes, y lo hicieron al alza y por la misma cantidad también en aquellos que no les interesaban. De esa manera quedaban eliminados del proceso y servían en bandeja el concurso al otro. Pactar precios para concurrir a varias propuestas pero con la seguridad de que ganarías uno de los lotes.

À Punt vio la jugada, y el 8 de abril de 2019, el hermano de Ximo Puig retiró su empresa del concurso porque ya sabía que la mesa de contratación le había cazado. Kriol y Canal Maestrat trataron de aguantar el tipo, pero fueron excluidos al ser descubiertos al final.

La ley de Defensa de la Competencia establece en su artículo 1.1: «Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional». El artículo 62 de la misma ley califica de muy grave la constitución de cárteles. Esta asociación de sociedades al margen de la ley está catalogada como sanción muy grave en el artículo 62.4.a de la norma de Competencia, por lo que la multa que se le puede imponer a las empresas de Francis Puig y de los hermanos Adell Bover es de hasta un 10% del volumen de negocios total de cada empresa en el ejercicio anterior al de la imposición de la multa.