Compromís reúne a la izquierda radical y a los independentistas para llevar al TC la ley educativa de Mazón

Ha tenido que ser Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, el que ha obrado el milagro de reunir por fin a toda la izquierda (a la izquierda del PSOE) y sus ramificaciones más radicales, incluidos independentistas más pacíficos y menos. Parecía imposible. Sin embargo, después de años de canibalismo, todos los que fueron juntos en alguna ocasión para dar voz a las reclamaciones más de izquierdas o para abogar por la autodeterminación en el País Vasco, la catalana, o un referéndum en Galicia, ponen su granito de arena contra la ley del Consell.

La coalición valencianista ha adoptado esta decisión tras recibir un informe jurídico «demoledor» que encargó sobre esta ley en el que se expone que «tritura» la legislación estatal y que «pedagógicamente no tiene ningún criterio», según anunciaron este lunes su síndic en Les Corts, Joan Baldoví, y su portavoz de Educación, Gerard Fullana.

«Vamos a trabajar contra una ley que va en contra de permitir que los estudiantes valencianos, cuando terminen su escolarización, tengan la libertad de elegir cuál es la lengua en la que se expresan», expuso Baldoví en declaraciones a los medios, tras subrayar que la norma salió adelante «sin ningún diálogo y ninguna enmienda aprobada».

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido ir a la zaga de los nacionalistas valencianos en la competición por ver quién está más en contra de la ley del Consell. Aunque Diana Morant, como ministra y secretaria general del PSPV, aseguró en marzo que el Ejecutivo central recurriría las leyes educativa y de concordia, desde el Gobierno se lo han tomado con calma y ha preferido cumplir tranquilamente con los plazos habituales.

El Gobierno central ha manifestado discrepancias sobre diversos aspectos de la denominada Ley de libertad educativa por lo que se ha acordado iniciar las negociaciones correspondientes, mediante una Comisión Bilateral Estado-Generalitat, para intentar solventar esas diferencias. En concreto, el Ejecutivo español muestra discrepancias sobre con el artículo 14 de la norma (que se refiere a la exención de la materia de Valenciano en la evaluación y calificación del alumnado y fomento de su estudio en zonas de predominio lingüístico castellano) y las disposiciones adicionales primera (sobre la Educación plurilingüe en otras enseñanzas del sistema educativo) y cuarta (acerca de las situaciones excepcionales relativas al requisito lingüístico del profesorado)

Por ello, este miércoles se publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación con esta norma, la Ley 1/2024, de 27 de junio, de la Generalitat, por la que se regula la libertad educativa. Lo firman el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino.

La comisión va a iniciar negociaciones y se designa un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda. Asimismo, se comunica este acuerdo al Tribunal Constitucional. Cabe recordar que este tipo de comisiones constituyen un paso previo para intentar evitar la interposición de recursos de inconstitucionalidad. Compromís ha preferido adelantarse y ha reunido a sus mejores aliados para buscar desactivar la ley valenciana.

¿Y qué dice el Consell frente a esta ofensiva política contra su normativa? Pues feliz como una perdiz. El conseller de Educación, Jose Antonio Rovira, se ha enterado a mediodía de la coincidencia de Compromís con todo el elenco de partidos que participarán en el recurso. Rovira ha asegurado que le «encanta». El conseller ha afirmado que está «encantado» de que su ley sea recurrido por el elenco de partidos independentistas y de la izquierda radical. «Que los catalanistas recurran nuestra ley en la Comunitat me encanta, porque eso demuestra cuál es el objetivo de la norma. Estoy muy tranquilo».

En el caso del Gobierno central y la comisión bilateral, Rovira también se ha mostrado satisfecho. «Las discrepancias del ministerio con nuestra ley son puntualizaciones pequñas, nada más, y las resolveremos sin ningún problema», ha asegurado el conseller de Educación. Así pues, todos contentos: Compromís, con la suma de fuerzas a su alrededor; y el Consell, con quién tiene enfrente.

Quizá Diana Morant no esté tan feliz con el modo en que el Gobierno ha optado por una vía procedimental, menos beligerante que la que anunció ella misma. La secretaria general del PSPV señaló en marzo que Sánchez estudiaba presentar un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes de concordia y de libertad educativa del Gobierno valenciano. «Desde las herramientas del Gobierno de España también vamos a combatir las decisiones del Consell de PP y Vox que creamos que atropellan los derechos de los valencianos», indicó Morant, quien anunció que «se esta estudiando un posible conflicto competencial en la ley de Concordia y en la del valenciano, la vamos a estudiar y a combatir. Se podría recurrir ante el Tribunal Constitucional».

El jefe del Consell, Carlos Mazón, ha acogido la iniciativa liderada por Compromís con una desagradable sorpresa. «Es sorprendente, es sorprendente la velocidad con la que se indulta, es sorprendente la velocidad con la que se apoya las imposiciones separatistas en una región española y, también, la rapidez con la que se actúa en este caso contra el autogobierno de los que queremos la igualdad, la libertad y la ausencia de imposiciones», indicó el presidente de la Generalitat.

«Esos 50 diputados van a tener que explicar si creen o no en el Estado de las Autonomías y si lo que están es tratando de que siga en la Comunitat ese procés de imposición catalanista que ha dominado estos últimos ocho años. Nosotros seguimos defendiendo nuestro autogobierno, la capacidad de la mayoría del pueblo valenciano que ha decidido, en base a un programa electoral respaldado mayoritariamente por las urnas que querían libertad educativa, promoción por igual de las dos lenguas, una promoción muy especial sin imposiciones a favor de la nuestra lengua trasladando mayor esfera de libertad a las familias», explicó Mazón.

El jefe del Consell afirmó que su Ejecutivo está comprometido con la libertad educativa sin imposiciones. «Nos hemos comprometido a ello, lo hemos defendido, forma parte de nuestras convicciones, forma parte de la ausencia de esta imposición supremacista que hemos querido vivir y ahora resulta que hay unos cuantos diputados que se quieren pasar por el arco del triunfo el Estatuto de Autonomía de la Comunitat, el Estado de las Autonomías, nuestras competencias legislativas... Lo que quieren es seguir apoyando este proceso de imposición y de inmersión al estilo catalán. Resulta que nosotros somos otra autonomía».