La Comunitat tiene 62.000 millones de gasto comprometido para los próximos años

El debate de la financiación autonómica da para mucho. Incluye, como ya anticipó la ministra en funciones de Hacienda, María Jesús Montero, debates que van en paralelo a la mera aportación de fondos del Estado con destino a las CCAA. La condonación de la deuda, los fondos de transición, la reforma fiscal… son todos conceptos que afectan de alguna manera a la financiación de las autonomías.

La de la Comunitat Valenciana, no es novedad, viene condicionada por unos sistemas, el actual de 2009, pero también el anterior de 2002, que en términos de financiación por habitante la ha venido dejando a la cola, entre las peor financiadas.

Pero no sólo por eso. El modo de gestionar las cuentas autonómicas ha influido de manera determinante en la fotografía que la cuenta general de 2022, que el Gobierno valenciano presentó hace pocas fechas, revela de la situación financiera de las arcas autonómicas. Las cifras de déficit y de deuda pública retratan un nivel de colapso financiero que únicamente al oxígeno del Estado vía FLA permite sostener, aún a costa de que esa deuda siga creciendo.

La cuenta general del último ejercicio cerrado incorpora además otro registro que no pasa desapercibido. El relacionado con el gasto comprometido a ejercicios posteriores. Se trata, como su propio nombre explica con meridiana claridad, de obligaciones que la administración autonómica tiene que atender, no en el presupuesto en curso, sino en los siguientes. Vendría a ser, por explicarlo coloquialmente, la cuantificación de los gastos a medio y largo plazo a los que tendrá que hacer frente el Gobierno regional, porque son compromisos que se arrastran del pasado.

El resultado del 28-M y el triunfo del PP de Carlos Mazón, ahora ya presidente de la Generalitat tras el acuerdo de Gobierno alcanzado con Vox, deja sobre la mesa del líder de los populares valencianos una complicada papeleta que gestionar. No hay fondos en caja –el último dato conocido situaba la liquidez de la administración autonómica en 160 millones-, el déficit de 2022 superó los 3.800 millones y la deuda está en 55.000 millones.

Y encima, el gasto comprometido. La cuenta general que se acaba de dar a conocer, correspondiente al ejercicio de 2022, desvela que la Generalitat tiene comprometidos ya un total de 62.222 millones de euros. La cifra no es menor. Para hacerse una idea, el último presupuesto de la Generalitat, el que está en vigor este 2023, se ha situado tras las modificaciones presupuestarias en el entorno de los 30.000 millones de euros. Por tanto, la sorpresa que se ha encontrado Mazón en su mesa del despacho en el Palau de la Generalitat son gastos que tiene que atender y que, sumados, equivalen a dos anualidades completas del presupuesto de la Generalitat.

La cuenta general detalla cuál es la evolución anual de ese gasto comprometido. Este 2023 son 9.458 los millones de euros que hay que atender sí o sí –al margen, evidentemente, de los gastos de personal, los de funcionamiento, las escasas inversiones que puedan acometerse y el pago a los proveedores.

En 2024 el gasto comprometido asciende a 9.238 millones. En 2025 se queda en 7.327 millones, y en 2026 llega a 6.980 millones de euros. ¿Y el resto? Los otros 29.219 millones de euros están comprometidos en anualidades posteriores, detalla la cuenta general. El total, 62.222 millones de euros.

¿Y dónde tiene que ir todo ese dinero? Atender la multimillonaria deuda que arrastra la Comunitat Valenciana constituye el destino mayoritario de esos 62.222 millones de euros de gasto comprometido. De hecho, algo más de 53.000 millones forman parte del Servicio de la Deuda, a razón de 6.153 millones en 2023; 6.999 en 2024; 5.959 millones en 2025; 6.194 en 2026; y 27.728 millones en las siguientes anualidades.

El volumen de gasto comprometido lastra la viabilidad de las cuentas autonómicas, porque obliga a destinar una parte no menor –casi un tercio en 2023– del presupuesto regional a atender esos compromisos previamente adquiridos. Atender ese gasto comprometido reduce el margen de maniobra de cualquier gobierno, ya de por sí limitado por los conceptos de atención inaplazable, como los gastos de personal o muchos gastos corrientes.

¿Cómo se podría reducir? La condonación de la deuda, al menos de la parte de esos números rojos que corresponden a la infrafinanciación, permitiría reducir de forma significativa ese volumen de gasto comprometido, devolviendo a la administración el margen de maniobra imprescindible para su actividad diaria. Ese es el motivo por el que Gobiernos regionales como el valenciano tienen tanto interés en que se impulse un acuerdo entre todas las CCAA, y no solo de forma bilateral entre el Estado y Cataluña, para aclarar los términos en que debería producirse esa compensación por la infrafinanciación.

El debate de la condonación de la deuda se ha cruzado con el de la reforma del sistema de financiación autonómica, recuperado por el PSOE en el marco de las negociaciones con ERC y Junts para amarrar la investidura de Pedro Sánchez.

Casi diez años después de que el sistema de 2009 'caducara', y tras los sucesivos portazos de gobiernos de PP y PSOE a afrontar la negociación con las CCAA de un nuevo modelo, Sánchez parece decidido a abordar la negociación aunque sólo sea para poder garantizar un nuevo Frankenstein.

En realidad, Sánchez ya planteó una propuesta de nuevo modelo de financiación a finales de 2021. la ya titular de Hacienda, María Jesús Montero, presentó lo que vino en denominarse el «esqueleto» del nuevo modelo, y que no era otra cosa que la fórmula matemática para calcular en la población natural de cada CCAA el impacto de los factores de corrección vinculados a características geográficas o de densidad de población de cada autonomía.

El modelo, presentado prácticamente encima de las fiestas navideñas, acabó en fracaso a la vista de la multitud de alegaciones presentadas por las autonomías. De hecho, el Gobierno anunció primero que reuniría el CPFF para poner en común esas alegaciones; después, que a partir de esas alegaciones lo que haría sería presentar un nuevo modelo. Y ahora, finalmente, abre primero el debate de la condonación de la deuda sin que se sepa muy bien qué quiere hacer con el nuevo modelo. Y con próximas citas electorales -Cataluña y País Vasco- que pueden aplazarlo todo de nuevo.