¿A la Comunitat quién le conviene que gane las elecciones en Cataluña?

Este domingo Cataluña elige a sus nuevos representantes en el Parlament. Las elecciones de Salvador Illa, favorito en las encuestas para ganar los comicios. Las de Carles Puigdemont, que anuncia que regresará a España -se supone que ya amnistiado- para el debate de investidura. Las de la suma o no de los partidos independentistas, la del pulso entre PP y Vox y la de la ultraconservadora Aliança Catalana. Probablemente las elecciones autonómicas con mayor impacto fuera de la propia autonomía afectada, a la vista de cómo Pedro Sánchez ha condicionado su legislatura al apoyo de los independentistas.

Cataluña elige nuevo Parlament -está por ver si los números dan para elegir nuevo president de la Generalitat, o si abocan a un escenario de repetición electoral-. Y la Comunitat Valenciana mira de reojo lo que ocurra en esos comicios. «Nos jugamos el vivir o el morir financiero», comenta en términos coloquiales un alto cargo del Gobierno valenciano.

Porque con Sánchez en la Moncloa, y especialmente desde que su continuidad en el cargo ha dependido del voto de los independentistas, el Gobierno de España ha parecido tener como prioridad aceptar las exigencias de ERC -por ejemplo, la cesión de las competencias de Cercanías o la condonación de una parte de la deuda vinculada al FLA- o de Puigdemont -negociar de forma bilateral la nueva financiación y propiciar el regreso de las empresas que abandonaron Cataluña por el procés- muy por delante de atender las necesidades del resto de territorios.

Cataluña ha condicionado la acción del Gobierno central. Tanto que, sin ir más lejos, el ministerio de Hacienda renunció a presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 por la convocatoria electoral adelantada en Cataluña, precisamente después de que Pere Aragonés no lograra sacar adelante sus cuentas para este ejercicio.

Que el Gobierno renunciara a presentar presupuestos, desde el convencimiento de que no los podría aprobar, ha traído una serie de consecuencias que afectan directamente al resto de autonomías, y de forma particular a la Comunitat Valenciana, dada la infrafinanciación que arrastra. Para empezar, porque prolonga en el tiempo el déficit inversor que arrastra la Comunitat. De hecho, la provincia de Alicante es «la 52 de 52», en expresión habitual del president de la Generalitat, Carlos Mazón. 52 de 52, porque es la provincia de todas las de España que recibe menos inversión en los PGE.

El frenazo inversor, más importante si cabe en la provincia de Alicante, se suma a la escasa ejecución de las inversiones presupuestadas. Los Gobiernos de Sánchez han elevado en sus presupuestos las inversiones en la Comunitat hasta cifras que superan el 9%, casi en las cifras recogidas en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat. Pero la ejecución de esas inversiones se ha quedado a años luz de esos porcentajes.

La reforma de la financiación autonómica también está pendiente de Cataluña. Desde que el independentismo se instaló en el Palau de la Generalitat, las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano encargado de la coordinación de la política presupuestaria de las Comunidades Autónomas con la del Estado, han tenido la ausencia del Govern catalán, que viene apostando por una relación bilateral con el Ejecutivo central, al margen de las CCAA del régimen común.

El Gobierno de Sánchez necesita un acuerdo con Cataluña para poder impulsar una nueva financiación. «Es un secuestro en toda regla», se señala desde la administración valenciana. Del resultado de los comicios de este domingo podría derivarse el final de esas ausencias del CPFF o, en función del resultado, una posición aún más radical, que insista en sacar a Cataluña del régimen común, con las consecuencias que esa decisión tendría para el resto de autonomías, y de forma particular para la más infrafinanciada, que es la valenciana.

Como no hay PGE para 2024, tampoco se han actualizado las entregas a cuenta -la 'nómina' mensual de la financiación (aunque el Gobierno se ha comprometido a aprobarlo)-. No hacerlo implica que la Comunitat deje de ingresar 90 millones de euros al mes, que es la diferencia entre lo que ingresó en 2023 y lo que debería recibir este 2024. Y en la situación financiera que atraviesa la Comunitat, eso es mucho dinero.

Así que la financiación, las inversiones, la quita de la deuda, la red de Cercanías y hasta el futuro del mapa bancario español -como se ha comprobado con la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell- dependen en alguna medida de lo que ocurra en estos comicios.

¿Y la Comunitat quién prefiere que gane estos comicios? Con independencia de las siglas de los partidos que concurren a esas elecciones, parece claro que un triunfo del independentismo derivaría en el impulso de un nuevo procés, la senda que en 2017 abrió la puerta al referéndum ilegal, a los incidentes que convirtieron las calles de Barcelona en un polvorín, y a una presión redoblada para provocar que las empresas que dejaron esa región -muchas de las cuáles decidieron instalar su sede en la Comunitat- regresen a Cataluña. Objetivamente, esa situación perjudicaría a la Comunitat.

También lo haría un escenario en el que la reforma de la financiación siga siendo un imposible. El independentismo defiende una negociación bilateral con el Estado que el resto de CCAA rechazan, por lo que de obvio trato privilegiado tiene para esa región. Si el independentismo no logra gobernar, las posibilidades de que Cataluña regrese al CPFF se multiplican. Y con ello, las opciones de llegar a un acuerdo sobre el nuevo modelo -aunque en ningún caso cabe concluir que será fácil ni rápido-.

En tanto que Sánchez siga dependiendo del voto del independentismo catalán, parece claro que la factura con esa región perdurará en el tiempo. Sea con concesiones políticas o económicas -hace pocas semanas el ministerio de Transportes, Adif y el puerto de Barcelona acordaron repartirse una inversión total de 816 millones de euros, impuestos incluidos, para materializar los nuevos accesos sur viarios y ferroviario a ese puerto-, la presión política catalana sobre el Gobierno central se mantendrá. Lo que está por ver es si esa factura es o no asumible.

Lo que está en juego, en todo caso, es el aumento de la presión sobre el Gobierno de Sánchez. Un Govern catalán de perfil independentista redoblará sus exigencias al Ejecutivo central, consciente además de que tiene un peso decisivo para la estabilidad de este último. Podría contribuir a descongelar el compromiso de la condonación de la deuda, pero muy probablemente profundizaría en esa senda de la financiación singular para esa región.

Cataluña y la Comunidad Valenciana representan el 30 % del PIB de España y una comunidad representa alrededor del 20 % de las exportaciones de la otra, y viceversa. La relación entre las dos regiones trasciende de la vecindad y de los factores económicos, y se instala de lleno en los culturales. Mazón pronunció hace pocas fechas una conferencia ante la patronal catalán Foment del Treball en la que defendió una relación entre Cataluña y la Comunidad Valenciana «sin intermitencias ni paternalismos» que haga que estas dos autonomías dejen de «estar de espaldas» entre ellas. Un Govern de perfil independentista haría imposible ese camino.

De hecho, fuentes del Gobierno valenciano explican que preparan ya la respuesta a un escenario en el que el peso del independentismo propicie la reapertura del procés o la recuperación del plan para que regresen las empresas que salieron de Cataluña. y que el Gobierno de Sánchez no rechazó de plano. «Lo que hay detrás de esa cuestión es un tema puramente financiero», se señala desde el Consell.

En su día, el Gobierno valenciano aprovechó una estrofa del himno regional -'Valencians, en peu alcem-se'- para advertir de las consecuencias que tendría una acción política que perjudicara a la Comunitat. El escenario sobre el que se trabaja en la plaza de Manises prevé también esa posibilidad. De hecho, el contundente rechazo del presidente valenciano a la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell, es una primera señal -así se reconoce-. Y buena parte de las respuestas a estas incógnitas se conocerán este domingo. «Este Consell ha dejado de estar mudo como ocurría con el Botánico. Si hay que actuar, actuaremos», se avisa desde el Palau.