EP
Viernes, 30 de agosto 2024, 15:47
La Comunitat Valenciana, al igual que todas las autonomías gobernadas por el Partido Popular en España, va a poner en funcionamiento un servicio de atención y asesoramiento jurídico para las víctimas de la okupación de viviendas.
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La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha anunciado este viernes 30 de agosto que la idea de esta propuesta es que aquellas familias afectadas por la ocupación tengan la posibilidad de disponer de información y orientación jurídica para intentar hallar una solución al problema.
Durante 2023 en los juzgados españoles se registraron 2.261 procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, según un informe del Consejo General del Poder Judicial, que sitúa a Cataluña en cabeza (445, un 23,6 por ciento del total nacional), seguido por Andalucía (424) y la Comunitat Valenciana, con 379. Sin embargo, el número de denuncias presentadas es muy superior a los casos que acaban en tribunales.
Según ha expuesto Martín desde la sede de Génova, son entre 15.000 y 17.000 los delitos y faltas que cada año se producen en España en materia de ocupación, y desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa estos delitos se han incrementado en un 39%. «Frente a esto, las comunidades autónomas gobernadas por el PP van a dar una respuesta, van a poner en común servicios para atender a las víctimas de la ocupación, a esas familias que han dedicado el ahorro de toda una vida a comprar un piso para ponerlo en alquiler y que ven que es ocupado o que dejan de pagar los inquilinos el alquiler», ha argumentado Martín.
Asimismo, Paloma Martín ha recordado que el PP presentará su propia ley de suelo y vivienda en el Senado, un texto en el que los de Alberto Núñez Feijóo llevan trabajando julio y agosto y que, subraya la vicesecretaria, es «reformista» y busca dar respuesta «a las necesidades de la vivienda en España».
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«Las decisiones del Gobierno de Sánchez vienen estrangulando el mercado de la vivienda en los últimos años, y esta situación hay que revertirla», ha argumentado Paloma Martín, para advertir también que la vivienda se está convirtiendo en una «emergencia nacional» ante el incremento de precios y la ocupación que, asegura, han provocado la Ley de Vivienda aprobada en la legislatura pasada.
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