El relato que Compromís ha construido para defender a Oltra siempre ha sido débil y confuso. El motivo reside en que el discurso se construyó con la premisa de distanciarse de los hechos que se investigaban en Instrucción 15 de Valencia. Un empeño en ... alejarse de lo sustancial para concentrarse en lo secundario.
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Primero se apuntó a los denunciantes, más tarde, acusación. La víctima, representada por el presidente de España 2000; y las acciones populares de Vox y de una organización controlada por Cristina Seguí. Lamentaban que sólo buscaban arrinconar a su rival político. Idéntica intención que Compromís o el PSPV cuando denunciaron el desfalco de RTVV –cero condenados– o la Fórmula 1 –igual número en condenados–. Sugirieron que el juez de Instrucción 15 de Valencia era prácticamente una mera marioneta en manos de las acusaciones. Cuando el instructor decidió archivar el caso, en cambio, guardaron silencio.
Fue con la reapertura de la instrucción por parte de la Audiencia cuando desde Compromís sacaron toda la artillería con un objetivo: atacar a Pedro Castellano, el histórico presidente de la Sección Cuarta, referencia de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Desempolvaron el 'currículum' del magistrado en un intento de insinuar que prevaricaba. Por ejemplo, desde Compromís se acusó a la Audiencia de «alejarse de la verdad» e intentar «destruir la reputación y vida personal» de Oltra. Un ataque al que no se respondió desde la Judicatura.
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Recordaron resoluciones polémicas por favorecer al PP. La más relevante, quizá, el archivo del pitufeo, el supuesto blanqueo de 50.000 euros por parte de medio centenar de afines al PP de Valencia. Los magistrados no vieron claro el origen delictivo del dinero. También lamentaron desde el partido el archivo de los contratos de la visita del Papa. Olvidaron, sin embargo, que la juez encargada de la investigación fue la que decretó el sobreseimiento. Buscando también en la hemeroteca subrayaron que fue el artífice de la absolución de los grupos nazis desarticulados con la operación Panzer. Y, en cambio, forzó la apertura del juicio contra el edil Pere Fuset por la muerte de un empleado en el montaje de unas gradas en Vivero para conciertos musicales. Otro asunto en el que previamente también el juez instructor se había expresado en el mismo sentido acerca del edil de Compromís.
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La coalición, en definitiva, trató de presentar a Castellano como un magistrado siempre presto a favorecer al PP y, en cambio, pertinaz en la búsqueda del perjuicio de la izquierda. La sentencia del caso Erial, la condena a diez años y cinco meses al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana arruina el análisis previo del Compromís. Si todo lo anterior fuera cierto, Castellano no podría haber condenado a uno de los referentes del Partido Popular, figura clave de la política nacional durante cerca de una década. Sin embargo, no sólo lo hizo sino que le impuso la segunda pena más alta para un expresidente en España. Quizá la coalición se aferre ahora a la absolución de Olivas.
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