El Consejo de Transparencia acusa al Consell de restringir su actividad

«Desde la puesta en marcha del Consejo de Transparencia, se han evidenciado dificultades en el funcionamiento debido a un diseño inadecuado en la ley del Consejo de Transparencia en cuestiones tales como la dependencia orgánica, personalidad jurídica, número de consejeros y su dedicación, etc… Estas dificultades siguen presentes y nuestra dependencia orgánica de la actual Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ha sido utilizado por ésta para restringir el desarrollo del Consejo de Transparencia e impedir su potenciación». Esa es la situación de uno de los primeros organismos creados por el Consell del Botánico tras su llegada la Generalitat, una puesta en marcha obligada por la ley aprobada por el PP unos meses antes de salir del Ejecutivo valenciano.

El Consejo de Transparencia es uno de los entes menos queridos por el Botánico. Los responsables de Compromís en la nueva conselleria del mismo nombre (Transparencia), creada tras las elecciones de 2015, recelaban del consejo sin demasiado disimulo. Lo pusieron en marcha a regañadientes. Los actuales responsables de este departamento, ahora en manos de EU, tampoco tienen demasiado interés en este organismo. La consellera Rosa Pérez Garijo no tuvo su primera reunión formal con los consejeros hasta otoño del año pasado. La fecha para un encuentro inicial se fijó para el pasado 10 de octubre, pero tuvo que ser pospuesta por la caída que sufrió la consellera un día antes, que le obligó a guardar reposo.

Desde que Pérez Garijo tomó posesión como consellera, el 17 de junio, hasta ese primer hueco en la agenda, el 10 de octubre, pasaron 115 días.

Por todo esto, en la Memoria de 2019 del Consejo de Transparencia se destaca que su dependencia de la conselleria ha propiciado impedido su «potenciación» debido a la «restricción» de su desarrollo. Los miembros del organismo no utilizan la palabra boicot, pero poco les falta. Sus quejas respecto al modo en que son tratados por parte del Gobierno valenciano no son nuevas.

En la memoria de 2018 ya señalaron que la Conselleria de Transparencia, entonces en manos de Manuel Alcaraz, dificultaba su trabajo. En el catálogo de actuaciones del ejercicio pasado insiste en las restricciones e impedimentos.

A pesar de que el organismo se puso en marcha en 2015, nadie había dispuesto dotarlo de asignación económica. Al año siguiente se abordó la cuestión. En la memoria presentada en mayo de 2017, correspondiente a las actuaciones registradas durante el año anterior, se indicó que la oficina con la que cuentan (arrancó con cinco miembros del Consell de Transparencia y tres funcionarios que prestaban apoyo en la oficina de la entidad) era «insuficiente» puesto que no había especialistas en derecho y acceso a la información ni en transparencia.

El presidente del Consell de Transparencia, Ricardo García Macho, acudió en aquel momento a Les Corts a presentar la memoria del organismo de 2016 y reconoció que los miembros, en varios momentos, se han planteado dimitir por falta de medios. ¿Y qué sucede ahora? Lo mismo. El organismo creado para arrojar luz sobre la mala praxis de las administraciones valencianas sufrió un apagón de tres meses, desde el pasado diciembre hasta finales de marzo, motivado por la falta de medios. «Estamos en cuadro», admitió uno de sus miembros.

Los consejeros seguían trabajando pero no se difundía su actividad. La web de este organismo permaneció inactiva. La ya de por sí escasa infraestructura con la que contaba el organismo, fue diezmada paulatinamente. La asesora jurídica que les prestaban desde Presidencia se asignó a otras funciones. Igualmente, se marchó por su propia voluntad la jefa de la oficina. A mitad de marzo, tres meses después de la publicación de sus últimas resoluciones, se produjo la incorporación de personal sustituto del anterior. Un trimestre en blanco. O en negro.

El consejo cuenta con un presupuesto anual que ronda los 155.000 euros. Las retribuciones económicas se mantienen en 300 euros para los vocales y 400 para el presidente. Toda la actividad de la Generalitat vinculada con la transparencia parece estar atravesando un periodo de transición.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya señaló durante la campaña previa a las elecciones que le permitieron revalidar el puesto de jefe del Consell que sería necesario replantear la estructura creada en torno a la vigilancia de la transparencia de la Administración.

La brutal crisis sanitaria generada por el coronavirus, que ha obligado a construir desde la nada una compleja arquitectura administrativa para afrontar la pandemia y la gestión del estado de alarma, tampoco ha ayudado en nada a mejorar la situación a la que se refiere la memoria de este organismo.