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Doce días. Ese el el tiempo que el Gobierno valenciano ha tardado en publicar un acuerdo adoptado el pasado día 1 de abril, para poner fin a uno de los mayores problemas que sufren hoy en día los contratistas de obra pública ... de la Comunitat, atrapados en la espiral inflacionista que atraviesan todos los bolsillos. Sin embargo, en facturas de gran importe, como son las de las infraestructuras y contratos de obras, la subida de precios puede suponer la imposibilidad de que el acuerdo se lleve a término porque las condiciones del juego cambian en mitad de la partida.
Pero, el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) ha hecho hoy efectivo el acuerdo del Consell para revisar, excepcionalmente, los precios de los contratos de obras del sector público de la Comunitat. A partir de su entrada en vigor, las contratas podrán solicitar un cambio en las tarifas ya licitadas. Se podrán acoger a este acuerdo todos los contratos que se encuentren en ejecución, licitación, adjudicación o formalización a la entrada en vigor, o cuyo anuncio de licitación se publique en la plataforma de contratación en el plazo de un año. Durante la vigencia del Real Decreto Ley del Gobierno central, al que ahora se adhiere el Consell, se calculará el sobrecoste de materiales por un período que no podrá ser inferior a un ejercicio anual, ni superior a dos.
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La revisión del cálculo para aumentar el importe del contrato se establecerá desde el 1 de enero de 2021 o desde la primera certificación de la obra si fuera posterior. Se determinará como la diferencia entre el importe certificado por la ejecución de la obra, aunque todavía no se hubiera ejecutado el 20% del importe del contrato o no hubieran transcurrido dos años desde su formalización.
Desde la Conselleria de Hacienda, la que promueve el acuerdo, han asegurado este martes que no pueden tener aún una estimación de costes, porque también afecta a entidades locales y ayuntamientos. Para poder hacer frente a esta nueva subida de precios en los contratos, habrá consellerias que podrán hacer frente a la revisión de precios con su crédito existente en capítulo correspondiente y habrá consellerias que puedan precisar de una modificación de crédito entre sus capítulos. La cuantía de la revisión excepcional no podrá ser superior al 20% del precio de adjudicación del contrato.
En el texto del acuerdo publicado este martes, el Consell alude a la situación excepcional derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia que ha supuesto que la ejecución de un número significativo de contratos de obra se haya visto dificultado, al verse los contratistas seriamente afectados por el incremento excepcional de ciertos costes que eran imprevisibles en el momento de la licitación, excediendo en muchos casos del margen de riesgo a soportar en todo contrato público.
El presidente de la Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunitat Valenciana (Fecoval), José Luis Santa Isabel, ya explicó en su día que las firmas del sector viven «una tormenta perfecta». El mercado ya estaba tensionado pero el conflicto entre Rusia y Ucrania ha empeorado la situación, ya que estos mercados que cuentan con proveedores de todo tipo de materiales han cerrado. Rusia y Ucrania ocupan, por ejemplo, el cuarto y décimo lugar en las exportaciones de acero de todo el mundo. «En año y medio los precios han subido tanto como en las últimas tres décadas», admite Santa Isabel, que es claro al afirmar que si las administraciones no hubieran tomado medidas se hubiera paralizado la actividad. Pese a ello, el presidente de Fecoval ha insistido en que quieren que la iniciativa no se quede en un simple parche sino que se extienda al máximo número de materiales ante el temor de que solo abarque los principales.
En Fecoval aseguran que las consecuencias de la guerra de Ucrania ya se ven en los diferentes concursos. La asociación apunta a que, desde el inicio del año, el 17% de las obras abiertas en la Comunitat Valenciana han quedado desiertas porque los aspirantes son incapaces de cuadrar los números e incluso calculan que podrían perder dinero si optan a las mismas. La esperanza es que con el decreto estatal y autonómico se pueda reconducir, por lo menos en parte, el problema.
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