El Consell acuerda incluir a los altos funcionarios en la ley de lobbies

Los cambios suponen modificar la cuestión del anonimato de las denuncias, si bien su especificación se deja para una posterior revisión, igualmente, se han pactado cambios en la plataforma donde quedarán registrados los grupos de presión y personas que deben notificar su actividad. Por último, se ha acordado incluir a los altos funcionarios entre los sujetos a la ley, si bien deberá concretarse cuáles serán los trabajadores de la Generalitat que deberán dar cuenta de sus posibles reuniones con aquellos que pretenden influir en la legislación autonómica y en su aplicación práctica.

El decreto que aplicará la ley aprobada en el año 2018 que regulará los grupos de presión permanece congelado en la nevera del Consell desde abril. Los más optimistas señalan hace un mes que se desatascaría en un par de semanas. En junio también se aseguró que «es una cuestión de días».

Un lobby es un ente que presiona a las autoridades porque un colectivo está interesado (se presupone que legítimamente) en influir sobre la Administración para lograr, por ejemplo, el cambio de una ley, o la agilización de una tramitación. A veces son intereses relacionados con cuestiones puramente políticas y otras vinculadas a deseos económicos. En este último caso, los lobistas pueden lograr importantes beneficios, acordes con los cambios o actuaciones legales que pretenden promoverse.

En la UE, por ejemplo, los lobbystas deben estar registrados y sus reuniones con políticos deben quedar reflejadas en las agendas de los altos cargos.

El decreto de los lobbies, en términos de la Comunitat, pretende regular ese tipo de presiones organizadas, algo que por ahora no puede realizarse porque la ley, aprobada hace la friolera de tres años, en 2018, es inaplicable si el decreto no sale adelante, algo que teóricamente llegará una vez se logre el beneplácito del Consell Jurídic Consultíu.

El decreto es competencia de la Conselleria de Transparencia que dirige Rosa Pérez Garijo (EU). En abril lo dejó listo para su aprobación por el Consell. Sin embargo, desde Presidencia se pusieron reparos. Se elevaron consultas a la Abogacía de la Generalitat. Incluso se pidió la intermediación de Mónica Oltra. Algunos de los asuntos que se han retrasado podrían acabar sometidos a la normativa europea, cuya transposición directa debería aplicarse a partir de diciembre.

El acuerdo entre Presidencia y Transparencia resuelve, aunque sea parcialmente, un conflicto centrado en supuestos «flecos» que, en realidad, esconden dos asuntos de calado. Por un lado, la cuestión de los altos funcionarios. Su inclusión en el decreto de forma general hubiera supuesto una modificación sustancial que no hubiera permitido darle el visto bueno fácilmente, por lo que se ha optado por señalar que se incluirán algunos de ellos sin especificar cuáles, una especificación que se resolverá más adelante.

Hasta ahora, los principales afectados por el decreto son los altos cargos del Consell. Por parte de Compromís, se pretende que este control de las reuniones con miembros de grupos de presión también se incluya, por ejemplo, a los diputados autonómicos, algo que también ha solicitado el PSOE en la legislación a nivel nacional con los diputados del Congreso.

Y algo similar, una mención sin especificar, ha servido para desatascar lo relacionado con el anonimato de los denunciantes. Transparencia pretende mantener un blindaje de máximo nivel a todos aquellos que pretendan advertir del incumplimiento de la ley, un anonimato que desde Presidencia se pretende rebajar. Se han establecido diferentes grados de confidencialidad que deberán desarrollarse posteriormente, al igual que ocurre con qué altos funcionarios se verán afectados por el decreto.