Una «victoria colectiva de la sociedad valenciana». El Gobierno valenciano, a través del conseller de Hacienda, Vicent Soler, recibió con loas a principios del mes de diciembre la propuesta de población ajustada con la que el ministerio de Hacienda iniciaba el proceso para ... reformar el sistema de financiación autonómica. Una propuesta de criterio de reparto sobre la base de la población ajustada «y, especialmente, de acuerdo con las variables demográficas, lo cual permitirá poner fin a la discriminación actual que padecen los valencianos», dijo.
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Soler, que pese a aquellos elogios también pidió prudencia para poder analizar el documento, consideró entonces la propuesta como un «avance importantísimo». En una entrevista con este diario, pocas semanas después, el propio titular de Hacienda admitía que la Comunitat Valenciana presentaría alegaciones contra el documento. «Tal y como está, la propuesta del ministerio no nos vale», proclamó. Un cambio de posición que no fue ajeno a pronunciamientos como el de Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada que dirige Ángel de la Fuente, y que sólo unos días antes había concluido que la Comunitat no sólo no salía beneficiada con aquel documento, sino que incluso resultaba más perjudicada.
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De manera que habrá alegaciones. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha convocado para el próximo miércoles a la comisión mixta Consell-Corts, que compone el Gobierno valenciano y los representantes de los grupos parlamentarios, para presentar las alegaciones que la Comunitat Valenciana formulará contra el documento del ministerio de Hacienda. El mismo día tiene previsto hacer lo propio con la Plataforma per un Finançament Just y, dos días después, el 28 de enero, el pleno del Consell aprobará formalmente ese documento.
¿En qué consisten esas alegaciones? Fuentes del Gobierno valenciano insistieron ayer en que aún no se ha acabado de diseñar el contenido de ese documento, que en definitiva solicitará introducir una serie de correcciones o matizaciones a la propuesta del ministerio. De la Fuente, en un artículo de opinión publicado hace pocos días bajo el título de 'Vicios en la financiación autonómica', subrayaba que la propuesta del ministerio «favorece a las comunidades pequeñas», e introduce un nuevo indicador de despoblación selectiva «diseñado expresamente para primar a la 'España vaciada', más allá de lo que ya hace la variable de superficie».
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El conseller Soler, en términos similares, subrayó hace pocas fechas que la Comunitat rechazaría que el criterio de población ajustada se viera condicionado por la introducción de otros fondos que pudieran alterar el reparto del dinero al margen de la población.
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