El Consell apunta ahora al comisionado del Gobierno por la dana: un mes sin explicaciones

La oportunidad surgió con la dana. El Gobierno –el poder de Arcadi España se va multiplicando– lo nombró Comisionado para la Reconstrucción, una figura ya empleada en otras ocasiones por motivos dispares. Una especie de Gan Pampols, vicepresidente del Consell, pero en clave nacional. Se da la circunstancia de que ambos mantienen una buena relación personal.

Sus nombramientos no estuvieron exentos de polémica, avivada principalmente por los sueldos. Se especuló acerca de qué cantidad se embolsaría Pampols. El Consell, en una poco meditada actuación, eliminó el límite del 15% sobre el sueldo del presidente para los altos cargos. Y luego, en realidad, no hizo falta. La remuneración iba a ser similar a la de Mazón. En ese escenario apareció el nombramiento de José María Ángel como comisionado. Y en su caso la retribución se disparó a los 120.000 euros anuales, lo que se queda en una nómina de más de 5.500 euros. La polémica cambió inmediatamente de bando.

La Generalitat, en su afán por construir un relato con el que contrarrestar las críticas del Gobierno, ha encontrado un filón en el silencio y la esquiva de determinados responsables políticos y en la falta de lealtad del Ejecutivo. «Se equivocó por fiarse de un Gobierno que en vez de ayudar empezó a buscar rédito electoral», explicó Camarero respecto a la actuación de Mazón y un supuesto error al no reclamar la declaración de Emergencia.

La vicepresidenta Susana Camarero –no hay día que comparezca que no introduzca sus dardos con independencia de qué se le pregunte– criticó la escasa presencia del comisionado. «No se le recuerda comparecencia pública alguna durante este mes que ya lleva en sus cargo». Todo lo contrario que Gan Pampols que sí ha ofrecido entrevistas y ruedas de prensa para tratar de explicar su proyecto. Una tarea que, por desgracia para los miles de damnificados, avanza con extremada lentitud.

José María Ángel sigue con una presencia pública de perfil muy bajo que, en realidad, no encaja bien con su trayectoria pasada. Se ignora si es una decisión propia o una recomendación desde el Gobierno. Porque es evidente que existe máxima información sobre las necesidades y los trabajos que son competencia del Ejecutivo central.

La situación recuerda, aunque el silencio es más prolongado y su incidencia en la previsión de la dana más importante, al papel desempeñado en estos meses por Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

El máximo dirigente del organismo que vela por el control de los caudales de los barrancos no ha hecho ni una sola declaración pública desde la fatídica tarde del 29 de octubre. Participó en la reunión del Cecopi, el órgano de coordinación, pero se ignora qué dijo en ese encuentro, si expuso alguna amenaza o alerta. Todos los focos se concentraron en la posible rotura de la presa de Forata, pero no se trasladó ninguna alarma acerca del barranco del Poyo y el riesgo de desbordamiento en las localidades cercanas, una fatal circunstancia que finalmente se produjo. Polo, la pasada semana, trató de evitar a la prensa y llegó a una reunión por la puerta trasera. Extraño.