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burguera
Jueves, 26 de agosto 2021, 00:57
Quien más quien menos, todos cometemos actos contradictorios en diferente grado. Pedir edulcorante con el café después de zamparnos un postre de chocolate, por ejemplo. A veces son caprichos, otras reacciones emotivas, irracionales, románticas... Y no sólo las personas, también las administraciones, tan aparentemente racionales, ... metódicas y burocráticas, pueden caer en contradicciones difíciles de explicar. La Generalitat, por ejemplo, asegura sufrir una asfixiante falta de espacio administrativo, locales funcionales. Cifra la carencia en cerca de 30.000 metros cuadrados. Acuciante. Urgente. Sin embargo, gasta parte de sus escasos fondos en comprar edificios de valor histórico para acometer rehabilitaciones que los transformen en oficinas, a la vez que mantiene más de un centenar de espacios inmobiliarios en su catálogo de inmuebles ociosos. Sometida a esos contrastes se encuentra la Conselleria de Hacienda, quizá el departamento donde más se evidencia la difícil convivencia entre contradicciones. Por un lado, el área que dirige Vicent Soler ha invertido cinco millones en la compra de un palacete con el fin de rehabilitarlo, el Palau de Tremolar; por otro, el conseller transita con tijera en mano para que no se le dispare el gasto y optimizar el uso del patrimonio, como es el caso de esos cerca de 143 inmuebles vacíos respecto a los que la Inspección General de Servicio (IGS) le llamó la atención hace cerca de un año.
Quizá Soler viva en el dilema que enfrentaba el protagonista de 'Sostiene Pereira', la novela de Tabucchi. El personaje principal se siente asediado por lo que otro personaje, el doctor Cardoso, explica como la difícil convivencia de la confederación de las almas que habitan en cada uno. Porque en nuestro interior hay muchas almas. Una domina, si bien las almas subordinadas pueden rebelarse, y de ahí la angustia. Soler asume con resignación (y humor) ser el conseller que niega al resto de consellers (y hasta a sí mismo) el dinero que le reclaman para miles de motivos y proyectos. Se despide con tristeza de cada euro del presupuesto que elabora desde su departamento. No obstante, también es un hombre con grandes intereses culturales, y quizá entre ellos esté la arquitectura. Hacienda, la que vela por el ahorro es, a la vez, la responsable de la adquisición del Palau de Tremolar por cinco millones de euros, y donde se va a gastar otros 441.000 euros en su rehabilitación como espacio de oficinas. La ubicación, como es habitual, es el motor de este desembolso. A los consellers les gusta el centro histórico de Valencia. La presencialidad quizá ya no sea un imperativo para el trabajo cotidiano, pero sí para trabajarse el poder. Nadie quiere alejarse del epicentro de la Generalitat, cuya cúspide está en el Palau que ocupa el presidente Puig. Tremolar está pegado a la actual sede de la Conselleria de Hacienda, que también ha acometido estos últimos años una potente rehabilitación. Todo sea por no alejarse del centro, a pesar de las críticas al centralismo de otras administraciones.
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En la Generalitat convive una confederación de almas con diferentes miradas. Por un lado, le echan el ojo a palacetes, por otro, lamentan sufrir un déficit de oficinas que ronda los 30.000 metros cuadrados. Difícil es, no obstante, que se cubra esa carencia con lugares como palacetes en el trigémino del centro histórico, espacios bellos, de gran valor cultural, pero de tamaño y condiciones arquitectónicas poco compatibles para los usos y necesidades de la Administración. La Generalitat compra ferraris de conducción delicada pero necesita furgonetas de batalla. Y mientras, no sabe qué hacer con un amplio parque de vehículos apolillados en garajes, porque de tal modo podrían calificarse el centenar, largo, de inmuebles de todo tipo que permanecen ociosos, según la IGS.
En Hacienda discrepan del diagnóstico de la Inspección en relación a los 143 inmuebles vacantes, que ahora son unos cuantos menos, un año después del informe. Concretamente, son 119, según fuentes de Hacienda. En la conselleria advierten que algunos de esos espacios son suelo rústico, solares o viviendas de uso residencial, no administrativo, por lo que su utilización es dificultosa y su venta también es complicada. Se van subastando y enajenando poco a poco. En cualquier caso, también es difícil convertir un palacete del siglo XIX en un edificio de oficinas del siglo XXI.
En apenas un año, la Dirección General de Patrimonio se ha desprendido de más de una veintena de esas propiedades sin uso. Quedan 57 fincas rústicas, 49 solares de muy diferentes tamaños, en algunos casos poseídos en condominio, 11 viviendas y derechos sobre casetas, trasteros... Fuentes de Hacienda señalan que la próxima subasta que organice la Generalitat incluirá 11 lotes con varios de los solares, y que ya no queda ningún local vacante suspectible de ser dependencia administrativa. Para la conselleria, no están sin uso, sino que no se pueden usar. Mientras, la Generalitat ya le ha echado el ojo a otros caramelos inmobiliarios. Este año, además de en Tremolar, se ha gastado dos millones en el edificio de Correos en Castellón, compra propuesta desde la Conselleria de Innovación, que en su momento ya quiso alquilar en el centro de Valencia un edificio por 20.000 euros al mes. Precisamente, en la capital, y también vinculado con Correos, desde el Gobierno valenciano se pretende adquirir el gran edificio situado en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, mientras que se mantienen vivas otras operaciones como la del palacete del Marqués de Rafal en Orihuela y se está pendiente de iniciar la rehabilitación del Palau de Calatayud, en la calle Micalet (entre las plazas de la Virgen y de la Reina, en Valencia) un edificio donde en su día se ubicó a una incipiente conselleria de Transparencia que luego se trasladó a la antigua sede de Bienestar Social, en Amadeo de Saboya, la antigua Clínica de La Cigüeña, porque Calatayud no reunía las condiciones técnicas ni el espacio suficiente.
Compra y Venta. O viceversa. Se trata de un movimiento pendular. Hace diez años, con motivo de la crisis económica, la Generalitat puso el cartel de 'Se vende' a espacios que continúan en su poder. Es el caso del Palau de Catalá de Valeriola, que Camps compró en 2003 por 8,8 millones a Francisco Roig y que ahora es la sede 'noble' de la Vicepresidencia de Oltra, si bien la inmensa mayoría de la actividad de la conselleria vicepresidencial se desarrolla en la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre. O el propio inmueble de La Cigüeña, donde se sitúa Transparencia, espacio en plena Alameda que se quería vender pero no malvender, según el entonces conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues. Finalmente, no se ha vendido y hasta algún alto cargo del Botánico se vio inmerso en 2018 en una surrealista disputa por los escasos metros del edificio entre las distintas instituciones de la Generalitat.
Desde Hacienda se han atendido a varias de las recomendaciones que hace año y medio realizó la IGS con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los inmuebles públicos. La Inspección reclamó agilizar la actualización del inventario, y la conselleria ha trabajado en ello, al igual que en implementar un visor con las propiedades públicas, así como la automatización de las valoraciones económicas. Igualmente, se ha puesto en marcha un servicio de optimización y dinamización del patrimonio. No obstante, la IGS recomendaba una regulación sobre los principios, medidas y organización para la optimización de los recursos que podría incluir crear un órgano interdepartamental, y eso es algo que todavía está pendiente de hacer. De hecho, esa falta de coordinación es la que provoca que algunas consellerias, como la de Igualdad, hayan mantenido vacíos edificios como uno en la calle Colón (que hasta fue invadido por okupas) de Valencia mientras otras consellerias reclamaban sedes céntricas. Finalmente, hace pocos meses se ha licitado una reforma de sus 2.000 metros cuadrados por 1,5 millones de euros. En la calle Colón, 80. Contradicciones en la confederación de las almas de la Generalitat, sostiene Pereira.
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