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Los últimos pronunciamientos del Consell Valencià de Cultura (CVC) en torno al valenciano, como ya adelantó LAS PROVINCIAS, han destapado una crisis institucional en el ámbito de esta entidad que apunta en la dirección de que el CVC se ha convertido en ariete político de ... la izquierda. Hay voces cercanas a este órgano que no dudan en mantener que la agitación de los últimos tiempos responde a que «esta es la única herramienta de poder que le queda al PSPV para la acción política desde las instituciones» en un ambiente, además, que aseguran que desde la izquierda se ha impregnado «de ideología» en un año de cambios electorales como telón de fondo y sin modificaciones previstas en su composición hasta 2024. La izquierda también cuenta en este órgano con miembros propuestos por Compromís y Podemos.
El último sobresalto –ya hubo uno en julio por el cambio de nombre del auditorio de Torrent, se derivó de un acontecimiento del pasado viernes. Ese día el CVC apoyó a la AVL tras las manifestaciones del conseller de Educación, José Antonio Rovira, en las que éste aseguraba que no cree que la AVL «tenga la verdad absoluta» sobre el valenciano. El sábado, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, defendió que el «auténtico valenciano» es el de las Normas del Puig, el de la RACV. Y siguió una carta remitida por cinco miembros del CVC a la presidenta en funciones del organismo, Dolors Pedrós –propuesta de Compromís–, afeándole que emitiera un comunicado que considera una «desviación impropia» de sus funciones.
Los cinco consejeros que así se manifestaron fueron Marta Alonso, Ascensión Figueres, José María Lozano, Vicente Navarro e Inmaculada Vidal, los propuestos por el PP y que constituyen la minoría. El CVC cuenta con 21 consejeros, de manera que los propuestos por el PSPV, Podemos, Compromís y Ciudadanos suman los 16 restantes, entre quienes la presidenta en funciones desde el fallecimiento del profesor Santiago Grisolía en agosto de 2022. Junto a la vacante de Grisolía está la de Joaquín Santo, también fallecido.
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División pues en el seno de una institución de carácter consultivo que si bien puede haber causado sorpresa, también hay opiniones que manifiestan lo contrario en tanto que parece que este cisma, no es fruto de un día, sino de una situación que llevaba meses larvado y ahora ha aflorado.
El CVC, órgano consultivo de la Generalitat ofrece consejo en torno a asuntos culturales, esa es su función. Tradicionalmente ha sido poco ruidosa, de las que parecen avanzar de puntillas por el territorio de la gestión pública valenciana, de las que se esfuerzan por dar la imagen de que con ellos lo de la acción política no va.
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Algo ha tenido que suceder para que de un tiempo –de unos meses– a esta parte tan sigilosos pasos hayan perdido esa condición tomando otro ritmo, el que se ha manifestado en la aspereza de algunas de sus últimas sesiones plenarias.
El sobresalto de agosto, el que ha ocasionado la crisis en torno al pronunciamiento de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y la respuesta del CVC, no es el único que demuestra la nueva deriva del órgano consultivo. El pasado julio, en el último pleno del curso, ya se evidenció el malestar. Fue una sesión bronca que incluyó acusaciones de censura. En esa sesión Pedrós informó de que «varios miembros habían solicitado un punto nuevo a debatir» en referencia al cambio de nombre del auditorio de Torrent. El nuevo gobierno popular de la localidad de l'Horta retiró el nombre de Vicent Torrent, fundador de All Tall y miembro del CVC.
La modificación del orden del día levantó la oposición de cinco miembros del CVC, los mismos que firmaron el escrito del sábado. Mantenían en el asunto de Torrent que «analizar una decisión democrática y legítima de una corporación local no es función» del CVC.
La nota común, el desacuerdo con la posición de la presidenta que a juicio de los consejeros populares se «está saltando las líneas rojas», pues consideran que en asuntos como el pronunciamiento de la AVL «tenemos que ir al pleno». Sin embargo, entre los afines al PSPV se manifiesta una clara defensa de la postura de Pedrós al considerar que la «presidenta o presidente es la voz autorizada del Consell». Frente común PSPV y Compromís.
Todo este panorama se ha dibujado a lo largo de un año, el que empezaría a contar en agosto de 2022 tras la muerte del profesor Santiago Grisolía, sin que se haya producido el nombramiento de presidente. La vertiente popular no duda en mantener que el expresidente de la Generalitat Ximo Puig estuvo interesado en retrasar el nombramiento del sucesor de Grisolía. En el otro lado aseguran que por parte de Puig hubo propuestas de nombres de prestigio en el ámbito de la investigación para que ocuparan este puesto, pero no llegaron a consensuarse para que las Corts votara. El presidente del Consell tiene atribuciones para nombrar al presidente del CVC si lo escoge de entre los que son miembros. Si es externo, la propuesta tiene que aprobarla el legislativo.
La «inmovilidad» de Puig, nada casual sino fruto de una «estrategia» a largo plazo con el objetivo de garantizar el control del CVC más allá de unas elecciones –las del pasado mayo– que podían, como sucedió, apartar al PSPV y sus socios de las instituciones.
Hasta 2024 no habrá renovación de miembros, pues no corresponde. Y hay que tener en cuenta que esta no supone una modificación de la composición del órgano en la totalidad, sino sólo de algunos de los miembros. Se dará la circunstancia, advierten las fuentes, de que seguirán en el CVC –salvo que dimitan– miembros propuestos por formaciones políticas que ya no tienen representación en Les Corts. «El CVC ya no refleja la representación de Les Corts». Otros a esto restan importancia cuando apuntan que en tanto que los miembros los aprueba el legislativo, todos cuentan con el beneplácito de la cámara al margen de las filas desde las que haya partido cada propuesta.
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