El Consell deja en el aire la creación de su filial de videojuegos

La empresa que la Generalitat tiene previsto crear para impulsar el sector de los videojuegos en el Distrito Digital de Alicante tendrá que esperar, también ahora que la entidad pública de la que depende, la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV) se ha mudado de Hacienda a la nueva Conselleria de Innovación. El consejo de administración de Proyectos Temáticos dejó al margen del día de la última reunión la designación de los administradores que debían representar a la empresa pública en la nueva mercantil con un socio privado que se encargará de gestionar la apuesta del Consell por los videojuegos. En esa misma propuesta estaba previsto aprobar los estatutos de la mercantil y la autorización para que se constituya de una vez por todas el acuerdo que da luz verde a la nueva filial.

Sin embargo, según fuentes del consejo, las discrepancias que existen con la Conselleria de Hacienda y Abogacía, desde hace casi dos años, sobre si la creación de la nueva mercantil requiere de un acuerdo de Consell o basta con el ok del consejo de administración de SPTCV, han acabado por dejar de nuevo la creación de la empresa en barbecho. El director general de Proyectos Temáticos, Antonio Rodes, retiró del orden del día de la reunión del consejo el punto relacionado con la mercantil, que sigue sin salir adelante.

Aunque las reticencias de Hacienda a la hora de elegir el modelo de creación no han sido las únicas, ya que tanto la Intervención de la Generalitat como la Sindicatura de Comptes, ya alertaron de graves deficiencias en el modelo elegido por la Generalitat para contar con un socio tecnológico.

En su día, la SPTCV sacó un contrato para buscar un socio privado con el que constituir una sociedad mixta (la que aún no han podido conformar a día de hoy). El socio (la firma GGTech) pasaría a tener un 55% de la participación y para ello, aportó simplemente derechos de explotación por valor de 750.000 euros para ser el gestor del proyecto. La aportación no es económica, ya que esta parte le correspondía a la Generalitat con 580.000 euros. De hecho, según ha venido contando este diario, el socio presentó como aval los derechos de varias competiciones de otra compañía que desde hace semanas ya ha anunciado que no puede hacer frente a pagos de algunas de las competiciones que ha realizado durante este ejercicio.

La Intervención ya vio en su día graves deficiencias en su informe de auditoría. Además, la Sindicatura alertó de que la sociedad mixta que se iba a conformar escapaba a todos los controles públicos con su creación, ya que el socio privado pasaba a ser el accionista mayoritario de la sociedad y la firma no tendría forma de sociedad mercantil, por lo que quedaría fuera del sector público de la Generalitat. Con eso, quedaría fuera del control interno y externo que supone la ley del sector público.