El Consell rebaja el control a las subvenciones pese al caso Francis Puig

Tanto en el capítulo cuarto como en el séptimo (transferencias corrientes o de capital) se incluyen las subvenciones de la Generalitat. Son cientos de millones de euros. Complicado establecer cuántos, entre la amplia variedad de modalidades de ayudas destinadas a la vivienda, a la exportación, a la cooperación internacional, a la innovación, a la actividad cultural… un amplio y extenso catálogo.

Con los mecanismos de control de la actividad del Consell ocurre como con el barco pirata en el parque de atracciones: lo mismo estás bocarriba, que bocabajo, a la izquierda o a la derecha. Es lo que tiene el movimiento pendular. Si el tripartito quiso en 2015 apretar todas las tuercas posibles en lo referente a los mecanismos de control (creación de una conselleria de Transparencia, de la Agencia Antifraude, del Consell de Transparencia, así como el incremento del personal en la Inspección General de Servicio), ese afán vigilante se ha frenado considerablemente.

Hasta ahora, en la ley 1/2015 de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones se establece en cuanto a los planes anuales y la generación de informes para el Consel que la Intervención General debe realizar cuatro tipos de planificaciones, que luego va ejecutando a lo largo del año. Un plan de control financiero permanente, otro de subvenciones, de auditorías del sector público y de fondos comunitarios. La ley de acompañamiento modifica estas actuaciones de los interventores.

El cambio supone que se mantiene el control financiero permanente y las auditorías al sector público y a los fondos comunitarios. ¿Y las subvenciones? La propuesta del tripartito es incorporar un «plan anual de supervisión continua», un término muy genérico (podría confundirse perfectamente con el control financiero permanente) para un apartado donde se indica que «cuando existan circunstancias que así lo justifiquen» se puede realizar «específicamente (...) un plan anual de control financiero de subvenciones». Es decir, que si se dan las «circunstancias» oportunas.

Esa voluntariedad, la inclusión de la idea de que puede hacerse o no hacerse, elimina la obligatoriedad y se deja al criterio de la autoridad competente. Aparece, por tanto, el concepto de lo discrecional; o sea, sin un itinerario regular, se deja al criterio de las más altas instancias, sin estar sometido a regla o norma que supone establecer un plan. Una autoridad (la dirección política de la Administración) que es, por cierto, la misma que, por ejemplo, otorga las subvenciones nominativas o las que no van ligadas a concurso alguno.

La diputada del PP Eva Ortiz, al igual que la síndica de los populares en Les Corts, María José Catalá, le afearon el pasado jueves a Puig esta modificación. «No es que no se vayan a controlar las subvenciones por parte de los interventores, pero con esta modificación no se sabe ni cuándo, ni cómo se hará. Se elimina la obligación de contar con una hoja de ruta fijada y previa, un criterio que aporta transparencia y control, y que establece unas reglas del juego a las que uno puede acudir para hacer un seguimiento de los mecanismos de control al Consell», indica Eva Ortiz, que en Les Corts vinculó esa falta de control a posteriores problemas como en el caso de las subvenciones dadas a las empresas relacionadas con Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat.

La discrecionalidad a la hora de supervisar las subvenciones se suma al modo en que la Inspección General de Servicio ha rebajado su perfil a lo largo de la actual legislatura hasta casi convertir su actividad en residual dentro de la Conselleria de Justicia y Administración Pública. Igualmente, Transparencia ha dejado de ser la prioridad de una conselleria que ahora apuesta más por la cooperación y la participación, tras presentar una ley con la que, además, le ha dado la vuelta como un calcetín al Consell de Transparencia, cuyos miembros ejercen de manera interina desde hace meses tras caducar su mandato.

La Conselleria de Educación ha vuelto a regar con más de 218.000 euros a las empresas que dirigen Francis Puig (hermano del presidente de la Generalitat) y sus socios, los Adell Bover, en la convocatoria de ayudas al valenciano para los medios de comunicación de este año.

Comunicacions dels Ports, Mas Mut y TV CS, las dos primeras, las mismas firmas que en la actualidad están investigadas por un juzgado de Valencia, por presuntos delitos de fraude fiscal, prevaricación y malversación de fondos público en la concesión de estas mismas ayudas. Comunicacions dels Ports y Mas Mut fueron, además, en su día, sancionadas por la comisión de defensa de la competencia de la Conselleria de Economía por pactar precios en un concurso público de À Punt para designar varias corresponsalías.

En lo relacionado con el conjunto de ayudas para la promoción del valenciano, el presupuesto de la dirección general de Política Lingüística ha pasado en siete años de 6,4 a 19,4 millones de euros, un crecimiento del 217%, con un incremento en 2023 de otro medio millón de euros.

Un crecimiento superlativo pese a la polémica que acompaña al reparto de estas subvenciones, tanto por las relacionadas con el hermano del presidente de la Generalitat como por lo que tiene que ver con la promoción de entidades que abiertamente proclaman su objetivo de promocionar el catalán.