El Consell inicia su propia desescalada y sólo un tercio de funcionarios teletrabajará

La desescalada también llega a la función pública. Los buenos datos de la Comunitat Valenciana en los últimos días, con una incidencia reducida, ha hecho a la Conselleria de Justicia plantear una vuelta a una mayor normalidad. Para ello, la responsable de Función Pública, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo comunicó ayer a los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial −UGT-PV, CSIF·F, Intersindical y CCOO− que la próxima semana se convocará una reunión de la Comisión de Seguimiento de los Planes de Contingencia anti Covid-19 en la que se planteará la reducción del trabajo no presencial de los funcionarios y funcionarias de la Generalitat del 50% actual al 30%. Esta medida debe entrar en vigor a partir del lunes, 22 de marzo. Es decir, dos tercios de la plantilla de la Generalitat deberán desarrollar sus funciones de manera presencial

Y es que desde el pasado 12 de enero, la presencialidad en la función pública valenciana se situaba, como máximo, en el 50% de las plantillas tras una resolución que adecuaba las medidas excepcionales en los centros de trabajo de la Generalitat con motivo de la Covid-19. Ahora, tras la evolución positiva de la situación sanitaria, se considera que el máximo de trabajo no presencial puede volver al 30% de hace dos meses. Serán las subsecretarías de cada conselleria, así como los órganos que ostenten la dirección superior de personal de los respectivos entes públicos, las que organicen los turnos rotatorios presenciales y no presenciales del personal a su cargo. En este sentido, según explican fuentes de la conselleria, se convocará una reunión de la Comisión de Seguimiento de los Planes de Contingencia anti-Covid-19 del sector público valenciano la próxima semana. Este órgano, que preside la consellera Gabriela Bravo, reúne a los subsecretarios de todas las consellerias, los sindicatos y al Invassat.En la reunión de esta mañana se ha tratado también el retraso que ya acumula la aprobación del decreto de teletrabajo, que se retiró del orden del día del pleno del Consell por discrepancias entre los socios.

Desde el sindicato CSIF han reiterado su «oposición al decreto de teletrabajo porque resulta del todo insuficiente». «No desarrolla el derecho individual de cualquier empleado público a acogerse a él, sino que al final lo centra en programas y deja que decida la subsecretaría de cada conselleria. A eso se suma que se trata de un modelo ya desfasado, heredado de antes de la pandemia y sin actualizar», lamentan fuentes del sindicato. Otras fuentes del Consell también han mostrado su rechazo al articulado, ya que aseguran que si el texto se podrá modificar para incluir aportaciones de los sindicatos, es también momento de revisar otras cuestiones para adaptar el decreto a las observaciones realizadas por el Consell Jurídic Consultiu en su dictamen.

También sobre funcionarios se pronunció ayer el coordinador autonómico de Ciudadanos (en la Comunitat, Toni Cantó, que denució «hipocresía» del Consell al exigir el requisito del valenciano a sus empleados públicos. Un requisito «que ellos no cumplen, puesto que la única persona de todos los consellers que ha mostrado ese certificado es el señor Marzà». «Yo recibo clases de valenciano pero no obligo a los valencianos ni creo que sea justo obligar al resto de españoles a que certifiquen un nivel para entrar a trabajar aquí», dijo.