El Consell dispondrá de 334 puestos para nombrar a dedo con el cambio de ley

El Gobierno valenciano aún no ha terminado de completar los nombramientos de todos sus altos cargos y asesores y ya tiene otra tanda de puestos que negociar, repartir y nombrar en el sector público instrumental. Les Corts deberá dar luz verde antes de final de año al cambio de ley propuesto por el Consell para que todos los directivos de las 44 empresas públicas y fundaciones de la Generalitat tengan rango de cargo público y puedan ser nombrados directamente por el pleno del Ejecutivo valenciano con una simple motivación de mérito y capacidad. En total, el sector público tiene 80 puestos libres, entre los de los directivos y el personal con contrato de alta dirección. Sus remuneraciones son similares a las de los directores generales de las consellerias –alrededor de 58.000 euros– gestionan empresas con amplios presupuestos y no están sometidos a fiscalización previa. En su mayoría están ocupados, aunque su recambio o nuevo nombramiento es ahora más sencillo.

Con el cambio de norma, a través de una disposición adicional en la Ley de Acompañamiento que el lunes aprobó el Consell, todos ellos pasarán a ser nombrados por el pleno del Gobierno valenciano y serán propuestos por el conseller del área al que esté adscrita su empresa o fundación. En estas condiciones se encuentran 80 cargos, entre directores de empresa o fundación y el personal directivo adjunto. Esa cifra, unida a la de 138 altos cargos y 116 asesores con que contará el Consell, suman los 334 puestos que el Gobierno valenciano podrá nombrar simplemente con un acuerdo de Consell y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Por consellerias, Presidencia de la Generalitat tiene la mayor bolsa de cargos para nombrar: 63. El departamento de Ximo Puig está formado por 20 altos cargos –con tres direcciones generales aún sin nombrar–, dispone de 26 asesores –con plazas aún vacantes– y las siete empresas públicas y fundaciones que dependen de su departamento aglutinan 17 puestos de alta dirección que, a excepción de los relacionados con À Punt, pueden ser elegidos de manera discrecional. Existen contratos de alta dirección en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en la empresa del Aeropuerto de Castellón, en Turismo Comunitat Valenciana, y en la empresa que agrupa a los bomberos forestales, además de en la fundación que dirige la oficina en Bruselas.

La siguiente conselleria en número de cargos a repartir es la de Educación, Cultura y Deportes, con 41, en manos de Compromís, y que dirige Vicent Marzà. Tiene sus trece altos cargos nombrados y también sus 10 asesores y asesoras. Las empresas públicas que dependen de su departamento reportan 41 puestos más. Aunque su conselleria sí celebró concursos para cubrir la mayor parte de los nombramientos del sector público en la pasada legislatura. Dispone de 10 empresas y fundaciones entre el IVAM, el Instituto de Conservación y restauración, Ciegsa, el Consorcio Espacial, Culturarts, la Fundación Palau de Les Arts, el Circuito del Motor o el Consorcio de Museos.

Vicepresidencia y Políticas Inclusivas, en manos de Compromís, tiene 34 puestos entre los 17 altos cargos, 15 asesores y dos directivos del Instituto Valenciano de la Juventud y el Inistituto Valenciano de Atención a los Servicios Sociales. Casi la misma cifra de la que dispone la Conselleria de Sanidad Universal. A los once altos cargos y diez asesores, se suman los ocho contratos de alta dirección que Ana Barceló puede nombrar en el Incliva, el Instituto La fe, los consorcios de los hospitales general y de Castellón, o Fisabio. En total, cinco institutos o fundaciones.

La Conselleria de Agricultura, que dirige Mireia Mollà, dispone de 28 nóminas entre los 13 altos cargos de su departamento, los 6 eventuales y las nueve plazas de directivo de empresa pública en entidades como Vaersa, la Epsar, el Ivia o el Ceam. Una cifra similar a la que puede nombrar el socialista Vicent Soler, en la Conselleria de Hacienda, con 21 puestos. En total, cuenta con doce altos cargos, ocho asesores y siete puestos en las empresas y fundaciones adscritas a su departamento. La Agencia Tributaria, el Instituto Valenciano de Finanzas, la Sociedad Proyectos Temáticos o la mercantil de las antenas.

El mismo número del que dispone el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, en la Conselleria de Vivienda. Además de los nueve altos cargos y los nueve asesores, dispone de tres plazas en la Empresa que gestiona el parque público de Vivienda de la Comunitat. Economía, dirigida por Rafael Climent, cuenta con 22 plazas. 10 altos cargos, seis asesores y seis plazas en el sector público. Entre ellas, algunas de las más cotizadas, en el Ivace, o Labora.

La Conselleria de Política Territoral, en manos del socialista Arcadi España, tiene capacidad para decidir los nombramientos de hasta 19 personas. En su conselleria hay ocho altos cargos contando con él, seis asesores y tiene seis plazas de directivo en empresas públicas como Ferrocarrils de la Generalitat, la Autoridad Metropolitana de Valencia y el Instituto Cartográfico. La nueva Conselleria de Innovación, que cuenta con nueve altos cargos, seis asesores y cuatro plazas de directivo con la Avap y la AVI, suma 19 plazas. Las Consellerias de Justicia y de Transparencia son las únicas que no tienen plazas en el sector público, pero cuentan cada una con ocho altos cargos y seis asesores.

El Consell se ha visto obligado a modificar la norma de nombramiento de los directivos de su sector público después de que la Intervención de la Generalitat haya alertado en numerosos informes de auditoría de que las empresas públicas contrataban a su personal de alta dirección directamente sin procedimiento, con contratos que no correspondían o sin publicidad y concurrencia. Con el cambio de ley, una vez aprobado por Les Corts, el Botánico sólo deberá llevar la propuesta de nombre al pleno del Consell y ser aprobado. Aunque no serán considerados altos cargos como los directores generales y secretarios autonómicos, sino cargos públicos.