El Consell ha hecho encargos a Tragsa por 18 millones durante el estado de alarma

Hay cosas que no cambia ni una pandemia. La Generalitat Valenciana ha seguido teniendo en la empresa pública Tragsa a uno de sus principales contratistas incluso durante el estado de alarma. El Consell, a través de sus distintos departamentos, ha hecho encomiendas de gestión a la firma dependiente del Gobierno central por importe de algo más de 18 millones durante el tiempo que ha durado el estado de alarma (a falta de conocer las cifras de este último mes). En concreto, la empresa pública, de la que la Generalitat es accionista y, por tanto, puede considerar medio propio, ha hecho encargos para hacer frente a la emergencia contra el coronavirus en distintos aspectos, para reparar playas, para organizar mejor a sus bomberos forestales, e incluso para la gestión de un call center 24 horas con información sobre las ayudas de empleo.

Por contratos, el de mayor cuantía es el que la Agencia Valencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) firmó en marzo para hacer frente a la lucha contra el covid-19 por valor de 7,7 millones de euros. La cantidad englobaba acciones tan dispares como la reforma del antiguo hospital La Fe (por 1,5 millones), la retirada de los monumentos falleros por la suspensión de las fiestas josefinas (400.000 euros), la gestión de una página web de información sobre las actuaciones de la Generalitat durante la pandemia (200.000 euros), un servicio de atención telefónica ampliado de emergencias (600.000 euros) y el apoyo logístico y suministro de materiales (4 millones).

Lo sigue de cerca el suscrito por Turismo Comunitat Valenciana, que ha entregado a Tragsa la reparación de las playas tras la tormenta Gloria, que asoló el litoral a principios de año. La entidad pública ha valorado en 5,9 millones el encargo a Tragsa, porque el que los accesos al litoral deberían estar finalizados a principios del próximo mes.

Otra de las adjudicaciones de mayor importe proviene de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE), la firma pública que la Generalitat creó para agrupar a los bomberos forestarles en 2018 y poner fin a las encomiendas de gestión que hasta ese momento se realizaban, precisamente, a Tragsa. SGISE ha hecho un encargo a la firma del Ejecutivo central por importe de 2,46 millones de euros para llevar a cabo las tareas de colaboración logística, gestión complementaria y de acompañamiento en la organización del Servicio de Bomberos Forestales hasta que la mercantil pueda dotarse de los medios necesarios para su funcionamiento de manera autónoma. La firma de la Generalitat cuenta con 41,5 millones de presupuesto, pero sigue encomendando a Tragsa trabajos. 

Por último, entre los encargos más cuantiosos en pleno estado de alarma también se sitúa el efectuado por la Conselleria de Economía para la puesta en marcha de un servicio de call center para resolver las dudas sobre empleo que se pudieron plantear durante la emergencia sanitaria. Por ese servicio, Economía pagó 1,2 millones de euros en dos encargos, en marzo y mayo

Por situarnos, Tragsa es una empresa pública dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), surgida en los años 70, por lo que en la actualidad es una de las firmas gubernamentales más antiguas del panorama administrativo. En sus inicios surgió con una clara vocación agrícola, pero con los años fue ampliando su objeto social hasta convertirse en una suerte de bazar para las administraciones: tanto la central como las autonómicas. La inmensa mayoría de comunidades, como la valenciana, incluso han entrado en el accionariado de Tragsa para poder convertir a la entidad en medio propio, con la simbólica compra de una acción.

La ley de contratos del sector público deja claras las circunstancias en que una empresa pública se puede considerar medio propio y las necesidades que deben cumplirse para atender al mismo. Pero las administraciones bordean las barreras en las que las condiciones se dan por cumplidas. Bien por dar rapidez a los contratos, ya que se reducen drásticamente los tiempos de licitación o bien por el ahorro de riesgos que supone para los responsables públicos. Sin embargo, con el cambio de normativa reciente, las encomiendas de gestión no sólo deben ser públicas (Tragsa las cuelga en su página web con todo detalle, aunque la Generalitat no las actualiza en su portal de transparencia, aunque las va haciendo públicas con retraso en la plataforma de contratación del Estado), sino que pueden ser recurridas.