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La de empleado público ha sido durante décadas la profesión soñada para muchos trabajadores por su estabilidad y seguridad laboral. Para acceder a la función ... pública es necesario pasar por un proceso de oposiciones, pero a cambio, el puesto de trabajo es indefinido, con posibilidad de ver actualizado el salario con periodicidad y de manera consolidada. Sin embargo, la única manera de progresar entre el funcionariado es mediante la antigüedad que representa la carrera profesional, con el paso de los años. Una circunstancia que está a punto de cambiar con la aplicación de criterios similares a los de la empresa privada en la Administración valenciana.
Y es que la Conselleria de Justicia, la que tiene las competencias de función pública, tiene previsto iniciar en breve un programa piloto para evaluar el trabajo de los empleados públicos en base a unos objetivos previamente fijados. El departamento que dirige Gabriela Bravo ya se lo ha trasladado a los sindicatos para que puedan formular las sugerencias que consideren necesarias para poner el marcha el proceso. La ley valenciana de función pública ya contempla esta posibilidad, por lo que la Conselleria sólo tendrá que desarrollar las condiciones mediante una orden que ya se está ultimando.
El programa piloto de evaluación será una herramienta para valorar y medir el rendimiento profesional de los funcionarios, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la administración. Es un paso más en la transformación de la administración pública valenciana.
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Hasta la fecha, la única manera de progresar en la función pública era mediante los ascensos de categoría (a jefe de servicio o subdirector) y mediante la antigüedad, fijada en la carrera profesional . Sin embargo, la Generalitat quiere ahora que sus puestos de trabajo sean más atractivos, en un momento en el que la Administración valenciana está en pleno proceso de transformación. Y es que durante los próximos ocho años está previsto que se incorporen más de 8.000 nuevos profesionales, tras la gran jubilación a la que está sometida la función pública. Para ello, aseguran desde Justicia, es necesario poner en marcha todas las herramientas que contempla la ley de función pública.
Así, en primer lugar, la evaluación de empleados públicos se hará en base a unos objetivos previamente definidos, que permitirán a quienes los vayan cumpliendo, avanzar en su propia carrera profesional. Según el trabajo que realiza cada uno y el cumplimiento de los objetivos progresarán en el escalafón y, por tanto, tendrán acceso a mejorar s de salario. Eso será gracias a que el Consell incorporará un sistema de retribución variable, con incentivos dentro de la carrera, para poder retribuir el esfuerzo extraordinario.
Justicia quiere que el empleado público esté motivado y no caiga en la apatía, por lo que la Administración, como empleadora. tiene que tener conocimiento de lo que se trabaja y cómo se trabaja, así como reconocer a aquellas personas que muestren compromiso y capacidad de trabajo, en base a objetivos se estudiarán y se medirán. La idea es implantarlo a través de proyectos piloto, fijar varios departamentos en los que función pública se coordine con la inspección general de servicios y desarrollarlo para aterrizar el proyecto de evaluación del desempeño de forma progresiva. Una vez esa selección obtenga los resultados que se esperan, se podrá extender a toda la Administración general.
Por otra parte, el sindicato CSIF denunció ayer la paralización del teletrabajo por parte de la Generalitat pese a haberlo regulado epor decreto, publicado hace ya prácticamente un año y nueve meses. El sindicato recalca que solamente tres consellerias han presentado el proyecto y empezado a aplicarlo, aunque lo han hecho con baja intensidad debido a la falta de terminales. El sindicato señala que únicamente hay tres consellerias que sí han hecho sus deberes y tienen programa de teletrabajo, al igual que algunos organismos autónomos. En concreto, Política Territorial, Economía Sostenible y Vicepresidencia Segunda, Vivienda y Arquitectura. Entre los organismos que sí cumplen el decreto destacan Agencia Valenciana de la Innovación, Instituto Cartográfica, Labora, ATV, EPSAR, Sindicatura o Instituto Valenciano de Cultura.
El sindicato continúa remarcando que, a pesar de la voluntad de aplicarlo, se topan con la falta de terminales informáticos. Por ejemplo, la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda ha comunicado esta semana a un centenar de empleados públicos que habían solicitado teletrabajar y que tenían aprobada su solicitud, que no podrán hacerlo y que la aplicación del programa «se queda en espera», por falta de terminales.
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