El Consell de Mazón lleva pagados en un año 1.173 millones pendientes del Botánico

El enriquecimiento injusto es el procedimiento según el cual la administración se ve obligada a atender un pago por un servicio que se le ha prestado y para el que no existía provisión presupuestaria prevista. Una prórroga de un contrato, o un servicio solicitado de urgencia, son ejemplos que acaban abonándose con este procedimiento que, en sí no vulnera la ley, aunque es acordado en un acto administrativo que es nulo de pleno derecho, y que queda reservado para situaciones excepcionales. Sólo en esta última semana se han abonado 67 millones de euros por este procedimiento.

Las cifras que maneja el Gobierno valenciano señalan que a lo largo de 2023, desde la llegada del nuevo Consell en el mes de julio, se han abonado 319 millones mediante este procedimiento. En lo que va de 2024 han sido otros 854 millones. La conselleria de Sanidad, como ha ocurrido tradicionalmente, es la que suma un mayor número de pagos por este procedimiento -200 millones en 2023 y 713 en 2024-. Sanidad se ve obligado a recurrir a este método por los problemas para disponer una financiación adecuada.

La Sindicatura de Comptes, por su parte, ha reclamado en alguno de sus informes que se dote a la Conselleria de Sanidad de créditos «que se ajusten a las realidad prevista» de forma que los responsables del departamento tengan una herramienta de gestión actualmente desvirtuada. No hacerlo, añadía, provocaba que en determinados departamentos de salud se detectaran determinados «pagos directos» por adquisiciones de productos de farmacia y material sanitario sin consignación presupuestaria que tienen la consideración de contratos menores con una «justificación insuficiente de la necesidad e idoneidad del contrato, así como indicios de fraccionamiento del objeto contractual».

Por detrás de Sanidad, el área de Servicios Sociales y la conselleria de Hacienda son los que acumulan más pagos de este tipo, tradicionalmente señalados porque obedecen bien a un presupuesto demasiado corto, bien a una planificación incorrecta de los gastos.

La Intervención de la Generalitat también ha afeado esta práctica. El órgano fiscalizador señala que el elevado volumen de expedientes hace pensar que este procedimiento se utiliza «con mayor frecuencia de lo excepcional como solución para el pago de facturas carentes de los requisitos para su abono por el procedimiento ordinario», la insuficiencia de los créditos consignados –por falta de previsión o por la distribución que se hace del crédito en un contexto de infrafinanciación– o la ausencia de una planificación adecuada para concatenar la finalización de un contrato y el inicio del nuevo obligan a activar este procedimiento.

Los pagos por enriquecimiento injusto responden en la mayor parte de casos a abonos que corresponden a gastos efectuados en ejercicios anteriores. Por ejemplo. el Consell de Carlos Mazón tuvo que abonar el pasado mes de octubre gastos contraídos por el Botánico y que se arrastraban desde 2018.