El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció hace ya 24 días las líneas generales de la reforma fiscal que el el Gobierno valenciano pretende aplicar para aliviar la situación económica de las rentas inferiores a 60.000 euros. En concreto, una deflactación del Impuesto ... sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que permitirá mantener en los bolsillos de los afectados hasta 150 millones de euros en la próxima declaración de la renta, la que se hace en abril de 2023. De ese anuncio no se conocen más detalles que los que dio el presidente, porque desde la Conselleria de Hacienda no se ha publicado aún la tabla de tramos que revelará cómo quedará el impuesto por cada nivel de renta. Y no se ha hecho porque el Consell aún debate cómo dar forma legal a las peticiones que las tres partes (PSPV, Compromís y Unidas Podemos) han puesto sobre la mesa para ser incluidas bajo el paraguas de esa reforma fiscal. De hecho, el Gobierno valenciano pretende partir esa reforma para aprobarla en dos partes. La bajada de impuestos, como decreto ley, en un pleno del Consell de las próximas semanas, y la subida, en la nueva tabla fiscal que se publicará en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2023. Y es que cuadrar los intereses de las partes y cumplir con la legalidad ha resultado un puzle.
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JC. Ferriol Moya M. Hortelano
Por un lado, el anuncio del presidente contemplaba una bajada de IRPF para todos los tramos de rentas iguales o inferiores a 60.000 euros, con efecto retroactivo, aplicable ya a 2022, para que su efecto se note en la renta de 2023. Compromís y Podemos pidieron completar esa bajada, que iba a suponer una merma de 150 millones en ingresos con una subida a las rentas más altas que permitiera nivelar ese desequilibrio. Pues, finalmente el anuncio de Puig se aterrizará mediante decreto ley, que se aprobará en una próxima reunión del pleno del Consell, porque según fuentes conocedoras de las negociaciones, si se hiciera mediante la ley de medidas, habría dudas legales sobre si puede ser retroactiva una medida tributaria para el propio ejercicio 2022. Así que el tripartito seguirá el modelo que ya ha iniciado Andalucía para su baja fiscal. Y lo hará mediante un un decreto ley, el instrumento normativo que los poderes ejecutivos se reservan para situaciones en las que concurre una circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad. La potestad para aprobar este tipo de normas corresponde solo al Ejecutivo. Su tramitación parlamentaria, más rápida, requiere sólo del debate y convalidación por parte de una mayoría de Les Corts para entrar en vigor.
Pero, ¿qué pasa con la subida de impuestos que pedían los socios? Pues, que se hará, pero no tendrá efecto retributivo como se pidió en un inicio, porque con las normas en la mano, no se pueden modificar impuestos de manera retroactiva si suponen un perjuicio para el contribuyente. Y ese sería el caso de subir el IRPF que ya se ha pagado de todo 2022. Así que Compromís y Unidas Podemos pondrán en marcha su subida, pero los ciudadanos no la notarán hasta la declaración de la renta de 2024. Es decir, fuera de periodo electoral.
Fuentes del Consell reconocieron ayer que cuadrar las normas estaba siendo complicado porque se ha mezclado la reforma fiscal con la elaboración del presupuesto. Además, otros altos cargos consultados lamentaron que desde Presidencia se hagan anuncios que luego tienen difícil encaje normativo. Aunque, al ser propuestas del presidente, «se retuerzan los plazos para acelerarlas», aseguran. «Sus medidas viajan en AVE y las de los demás en Cercanías». bromeaban ayer desde el Consell.
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