El Consell planta cara al informe de la ONU crítico con la ley de Concordia

Mazón, además, remarcó que desde que asumió el cargo de president de la Generalitat ha firmado 422 exhumaciones de víctimas provocadas por la violencia de la «horrible dictadura franquista». Si alguien pensaba que el líder del PP valenciano tendría problemas en mostrar su rechazo indiscutible a la dictadura franquista, se equivocaba de largo. Mazón señaló que la ley de Concordia «no solo consolida los derechos de las víctimas de la dictadura franquista, sino las de las víctimas de toda violencia política» que cree que «también tienen derechos».

El Gobierno valenciano aprovechó algunas inexactitudes de bulto en el informe firmado por los tres representantes de Naciones Unidos para catalogarlo de «broma», en expresión del portavoz parlamentario Miguel Barrachina. Errores como considerar la iniciativa como un proyecto de ley -lo sería si lo presentara el Consell- y no como una proposición de ley impulsada por los grupos parlamentarios. También al recoger como novedad la ampliación del periodo de alcance de la ley a la Segunda República, cuando ese periodo también estaba recogido en la ley de memoria democrática del Botánico. U otros más anecdóticos, como denominar 'de Valencia' a la Comunidad Valenciana. «Carece de valor porque está lleno de insinuaciones, errores e inexactitudes», insistió Barrachina.

Fuentes del Consell consultadas por este diario remarcan además que el trato igual a las victimas de la violencia social y política de la comunidad valenciana «es una obligación internacional conforme a lo dispuesto en la Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, que exige un trato igual a las víctimas de vulneraciones de normas de derechos humanos y un acceso igual a la justicia». Es también una exigencia constitucional derivada del artículo 14, se añade.

«En ningún caso se está legislando en contra de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática del Estado, simplemente se están asumiendo las competencias en la materia a nivel autonómico y reconociendo un catálogo mínimo de derechos y remitiendo el desarrollo de los mismos a la vía reglamentaria», se remacha.

El informe dado a conocer este viernes considera que las llamadas leyes de concordia vulneran los derechos humanos, invisibilizan a las víctimas de graves violaciones de los mismos y vulneran los estándares y tratados internacionales suscritos por España.

En una comunicación conjunta elaborada por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la Oficina del Alto Comisionado para los DD HH de las Naciones Unidas exige información a las tres comunidades autónomas objeto de su análisis, la Comunitat Valenciana, Aragón y Castilla y León.

En su informe, este organismo señala, además, que la violación a los derechos humanos (DD HH) detectada podría generar responsabilidad internacional del Estado español si no se actúa. Trasladada esta advertencia, el Gobierno ya ha anunciado que pedirá a las comunidades autónomas concernidas la revisión urgente de estas iniciativas.

El pronunciamiento de Naciones Unidas es consecuencia directa de la comunicación realizada a este organismo por el Gobierno que preside Pedro Sánchez, que hace sólo unas semanas ya anunció que remitiría estas leyes de Concordia al Consejo de Europa, al Parlamento Europeo y a la ONU, además de recurrirlas ante el Tribunal Constitucional.

El informe en cuestión se refiere al texto valenciano para subrayar que «disuelve todas las comisiones, los organismos y las instituciones autonómicas de carácter público» que se crearon por la ley autonómica de memoria democrática, y prevé que los procesos de memoria democrática iniciados y no concluidos al momento de la entrada en vigor de la nueva ley, serán suprimidos de manera automática, a excepción de las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas. También señala, dirigiéndose al «Gobierno de su Excelencia» -en aparente referencia a Pedro Sánchez- que el texto «no reconoce las subvenciones para actividades en memoria histórica que actualmente pueden otorgarse a entidades sin fines de lucro.

El Consell recuerda en cambio que en la proposición de ley de Concordia presentada en Les Corts no se cita en ningún caso que no habrá subvenciones, ni instituciones o comisiones especializadas, «porque lo único que hace la ley es reconocer derechos que serán desarrollados reglamentariamente y que el poder ejecutivo decidirá como cumplir, tal y como ha ocurrido en numerosas leyes precedentes».

En Les Corts, entidades de memoria democrática y expertos como profesores o periodistas han instado a la retirada «inmediata» de la ley. Por contra, representantes de otras asociaciones como Plataforma NEOS o Abogados Cristianos se han mostrado a favor de la ley de concordia, ya que creen que ayudará a equiparar a todas las víctimas por igual y a no limitarse a las de la dictadura franquista.