Naciones Unidas considera que las leyes de Concordia de PP y Vox vulneran los derechos humanos

En una comunicación conjunta elaborada por: el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de las Naciones Unidas exige información a las tres comunidades autónomas objeto de su análisis.

En su informe, este organismo señala, además, que la violación a los DDHH detectada podría generar responsabilidad internacional del Estado español si no se actúa. Trasladada esta advertencia, el Gobierno ya ha anunciado que pedirá a las comunidades autónomas concernidas la revisión urgente de estas iniciativas.

Este informe responde a la iniciativa del Gobierno de elevar a las principales instancias europeas e internacionales las medidas contra la Memoria Democrática emprendidas por el PP y Vox en varias comunidades autónomas.

El Ejecutivo ya anunció en abril su intención de recurrir a las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, -promoviendo iniciativas para incluir en el orden del día del pleno para su debate y votación por parte del Grupo S&D,- y al Consejo de Europa con tres actuaciones simultáneas: Impulsar un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa; informar a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos y solicitar la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en nuestro país ante la aprobación de leyes de derogación por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox.

En relación con la norma valenciana, Naciones Unidas subraya que la proposición de ley «disuelve todas las comisiones, los organismos y las instituciones autonómicas de carácter público» que se crearon por la ley autonómica de memoria democrática, y prevé que los procesos de memoria democrática iniciados y no concluidos al momento de la entrada en vigor de la nueva ley, serán suprimidos de manera automática, a excepción de las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas«.

Sin embargo, añade, «no detalla las condiciones bajo las cuales se podrán iniciar nuevos procedimientos de este tipo». «Tomamos nota que el proyecto reconoce el derecho a acceder a toda la documentación existente sobre las víctimas, estableciendo garantías para la protección de los lugares que fueron objeto de violencia política y social durante todo este periodo».

Además, destaca que el proyecto «no reconoce las subvenciones para actividades en memoria histórica que actualmente pueden otorgarse a entidades sin fines de lucro». «Si bien notamos la importancia de asegurar la no discriminación a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a todas las víctimas de la violencia, sin discriminación alguna, el proyecto de ley podría llevar a asimilar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España, quitándole el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las centenas de miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura franquista», se zanja.