El Consell cambia la ley para premiar a Intervención y Abogacía con una subida de sueldo

El pleno del Consell se ha reunido hoy con carácter extraordinario para aprobar los nombres de las personalidades que recibirán las Distinciones de la Generalitat el próximo 9 d'Octubre. Pero también para dar luz verde al anteproyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2020. Superadas las discrepancias aparecidas entre los socios del Consell durante las últimas semanas, el texto ha visto la luz con algunas novedades destacadas, de las que ya ha venido informando este diario.

Entre los cambios que incluye esa norma figura una subida de sueldo para los máximos responsables de dos departamentos clave del Gobierno valenciano: la Intervención y la Abogacía de la Generalitat. Uno y otro órgano se han convertido en determinantes de la acción del Ejecutivo. La Intervención, en tanto que garante del ajuste contable de las decisiones de la administración autonómica y sus empresas públicas. La Abogacía, en el equivalente jurídico de la acción de la Generalitat. Intervención y Abogacía constituyen pilares clave para la salvaguarda de la gestión del Consell. Los informes elaborados por una y otra entidad han permitido retratar situación de falta de control, irregularidades e incluso situaciones susceptibles de reclamación de responsabilidad penal. Forman parte del armazón central de la administración autonómica y de la garantía de su actuación en el marco de la legalidad.

¿Y por qué se le sube el sueldo? Los máximos responsables de la Intervención y la Generalitat son altos funcionarios que salen de esos organismos -un interventor y un abogado de la Generalitat, respectivamente-, en los que se integran algunos de los empleados públicos más cualificados y, por tanto, con mayor remuneración. Pero, paradójicamente, su designación como máximos responsables de uno y otro organismo les supone una pérdida de sueldo. Porque el nombramiento les convierte en alto cargo, y esa circunstancia les incorpora a un rango en el que la remuneración está establecida de antemano, y que se encuentra por debajo de lo que pueden llegar a cobrar los funcionarios más cualificados. En este caso, por decirlo de alguna manera, la designación como máximo responsable de la Intervención o de la Abogacía puede terminar siendo un bocado a la nómina de los afectados.

Esta es al circunstancia que se pretende corregir. El anteproyecto de ley de Acompañamiento que se aprueba hoy incluirá una modificación de los sueldos de los máximos responsables de estas dos entidades. Se trata de corregir la disfunción que sufrían hasta la fecha. Y al mismo tiempo, de reconocer la labor que han venido realizando. Amparo Adam es la Interventora General de la Generalitat desde febrero de 2016, mientras que Gonzalo Peral ocupa la dirección general de este organismo. María José Rodríguez ocupa desde 2015 la dirección general de la Abogacía. En los tres casos se trata de profesionales de la más reconocida solvencia. Y a todos ellos se les pretende mejorar su remuneración para evitar que algunos de sus subordinados cobren por encima de ellos.

La subida de sueldo para los máximos responsables de la Intervención y la Abogacía de la Generalitat podría hacerse extensiva al resto de altos cargos que son funcionarios. El Gobierno valenciano baraja volver a presentar, vía enmienda en el debate de presupuestos, una modificación de la ley para permitir que los altos cargos de la administración autonómica, desde el presidente, los vicepresidentes, consellers, secretarios y secretarias autonómicos, directores y directoras generales y subsecretarios y subsecretarias que sean funcionarios vean mejoradas sus remuneraciones anuales.

El debate podría llegar a la Cámara por cuarta vez, tras el fracaso de las tres anteriores y el descanso del año anterior, ya que al coincidir con año electoral, se prefirió optar por no intentarlo. Y supondría una subida de sueldos instantánea para todos aquellos altos cargos que han perdido dinero en el puesto actual. La cantidad que perciben actualmente los consellers, secretarios autonómicos oscila entre los 61.000 euros de los vicepresidentes y los 59.000 del tercer escalón. En caso de que las personas que ocupan esos cargos fueran funcionarias, perderían buena parte de su sueldo, ya que no podrían cobrar la carrera profesional, ni complementos de ningún tipo más allá de la antigüedad.