El Botànic engorda el sector público con un ente para gestionar residuos

Un nuevo organismo público está a punto de ver la luz. Después de semanas de negociación y desavenencias entre los partidos que forman el pacto del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos), la formación morada ha logrado pactar con sus socios la ley de economía circular y, aunque por el camino ha tenido que renunciar a una parte importante de las iniciativas, se ha mantenido la Agencia Valenciana de Residuos.

Aunque quedan algunas cuestiones aún por perfilar, ya se da por seguro un pacto sobre una norma que está prevista que vea la luz antes de terminar la legislatura ya que formaba parte del acuerdo de los presupuestos de 2019. Después de que en la última legislatura del PP se suprimiesen decenas de organismos debido a la crisis económica, el Consell ha fomentado la creación de doce entes públicos como la Agencia de la Innovación o el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación. En un primer momento de la negociación, desde el PSPV se mostraban en contra de la apertura de la agencia al considerar que la conselleria podría llevar a cargo sus funciones.

El Consell emitió un dictamen con reproches a la norma, que indicaba que el nuevo organismo era «innecesario» y por ello los socialistas sólo han aceptado una versión 'descafeinada' de la misma. Además, la Agencia Valenciana de Residuos no será tan grande como se planteó en un primer momento y se le han retirado una parte significativa de las funciones que se consideraba que sí se estaban llevando a cabo por el sector público. Tal y como señaló Beatriz Gascó, diputada de Podemos e impulsora de la iniciativa, está previsto que el organismo arranque con una plantilla de doce personas aunque espera que esta se pueda aumentar conforme pasen los meses y se logre disponer de más presupuesto. Las principales funciones que este ente llevará a cabo serán apoyar a los municipios para fomentar actuaciones de los servicios de gestión de residuos de competencia local, colaborar en la recaudación de los tributos y evitar multas comunitarias llevando a cabo reformas que demanda la Unión Europea e impulsar y promover programas para la reducción de residuos así como de investigación. Lo que también ha caído para hacer posible el pacto es una oficina para la prevención de residuos.

Desde el partido morado remarcaron que, pese a las cesiones, tienen «una valoración positiva» ya que van a poder sacar adelante una norma que mejora la situación actual. La parlamentaria recordó como habían otros artículos de la ley que eran más conflictivos ya que, de hecho, se han suprimido una veintena. Entre ellos destacan medidas sobre la incineración de residuos o el polémico sistema de retorno de envases (SDDR) que impulsó en su día el exsecretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Àlvaro, y que terminó con su cese. Podemos ya ha intentado incluir en diferentes negociaciones esta demanda pero nunca ha tenido éxito. Además, desde la formación que lidera Antonio Estañ en la Comunitat subrayaron que se ha hecho un «esfuerzo importante» para escuchar a todas los actores afectados.

Pero pese el consenso conseguido entre las formaciones de izquierda, tanto el PP como Ciudadanos se han mostrado muy críticos con la ley de economía circular durante su tramitación. Los representantes de las dos formaciones, en especial la diputada popular Elisa Díaz, vienen insistiendo en que esta política de agrandar el sector público no es positiva y consideran que este organismo puede terminar convertido en «un chiringuito» en el que los partidos de izquierda puedan colocar personas afines.