El Consell tardaría seis meses en pagar facturas sin la ayuda de Hacienda

Mientras el Gobierno central ultima los detalles del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables que pondrá en las cajas de las comunidades autonómas, la radiografía de las cuentas públicas de la Generalitat sigue dando preocupantes señales de alarma en lo que a su salud financiera se refiere. El Ministerio de Hacienda ha hecho ya público el plan de ajuste que la propia Generalitat tiene obligación de remitir cada año y en el que explica sus previsiones para cumplir con las estrictas normas que requiere el Gobierno para continuar tutelando la vida financiera del Gobierno valenciano.

Y los datos no dejan lugar a dudas del papel que Hacienda brinda al Consell en forma de respiración asistida para poder seguir manteniendo en pie el aparato de la Generalitat y sus servicios. En concreto, según los datos remitidos al Ministerio por el departamento que dirige Vicent Soler, se evidencia que sin la llegada de fondos extraordinarios del Gobierno, el Consell tardaría más de seis meses en pagar a los proveedores que contrate. En concreto, 180 días. Esa es la proyección para dentro de apenas medio año si el Consell no recibiera las cantidades que periódicamente llegan a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Una cantidad que, en el propio documento, se rebaja drásticamente con la aplicación de medidas. O lo que es lo mismo, la intervención de Hacienda. El período medio de pagos (PMP) es uno de los indicadores monitorizados por el Gobierno junto con el déficit a la hora de diseñar los salvavidas económicos que entrega a las comunidades. Retrasarse en los plazos de pago conlleva, en último extremo, la intervención financera.

Pero, esta no es la única cifra preocupante en el plan de ajuste del Consell. En el capítulo de deuda no financiera de la Generalitat –la que mantiene no con entidades bancarias sino con empresas y particulares- se situaba, en el pasado mes de noviembre, en 2.195 millones de euros, según la información aportada por la Conselleria de Hacienda La cifra se compone en su mayor parte de las cuentas 413, 409 y 411, que son las que hacen referencia en conjunto a los gastos realizados sin cobertura presupuestaria -lo que se ha venido reconociendo tradicionalmente como facturas en los cajones.

El plan de ajuste remitido por el propio Consell al Ministerio de Hacienda, que permite desbloquear la llegada del FLA reconoce también la magnitud total del desfase de gastos que durante el ejercicio de 2019, el último liquidado, el Gobierno valenciano llevó a cabo. En concreto, el Ejecutivo valenciano gastó 1.796 millones de euros más de lo que tenía previsto para ese ejercicio, según sus propias previsiones. El dato se obtiene a partir de la comparación del plan de ajuste remitido a Madrid por la conselleria el años pasado y el que corresponde al año en curso, hecho ahora público por el Ministerio En el primero figura una previsión de gasto, al finalizar el ejercicio, de 21.139 millones euros. En el segundo se incluye la referencia al gasto total de la administración autonómica durante el ejercicio de 2019, una vez cerrado. Y asciende a 22.935 millones de euros. La diferencia entre una y otra cifra, 1.796 millones de euros corresponde a lo que se gastó por encima de lo que estaba previsto gastar a lo largo de ese ejercicio.

La letra pequeña de esa diferencia entre cifras no obedece únicamente al capítulo de gastos financieros. En realidad, la parte principal de esa diferencia entre lo previsto y lo finalmente reconocido tiene que ver con los gastos corrientes -capítulos I al IV-, que pasan de una previsión de 14.824 millones a un desembolso real de 15.743 millones de euros, (919 más) lo que podría considerarse como el propio aparato administrativo que permite el funcionamiento de la administración autonómica y que incluye personal y gasto corriente entre otros. Los ingresos, que fueron mayores de los proyectados (22.379 euros por los 21.030 que se esperaban no consiguen absorber el exceso de gasto.

La diferencia entre lo previsto gastar y lo efectivamente gastado en un ejercicio es una de las pruebas más evidentes de cómo el aparato financiero de la Generalitat pasa auténticas dificultades para poner control a los gastos a lo largo de cada ejercicio. A más administración, más sector público o más consellerias, esa situación de desorden puede crecer.