El Consell de Transparencia denuncia que Pérez Garijo asfixia su actividad

La ley aprobada en 2015 y por la que se regula su actividad contiene defectos que no se han subsanado en siete años. Ahora, en el último pleno de Les Corts que ha finalizado este jueves, se ha aprobado una nueva norma, gestada desde la conselleria de Garijo, cuya principal medida estrella es, precisamente, la desarticulación del consejo tal y como hasta ahora estaba concebido. En vez de mejorar lo mejorable, para mantener lo que funciona, el tripartito ha ejecutado una voladura que culminará a partir de que se aplique la proposición de ley.

La última memoria del consejo, tal y como se articuló hace seis años, indica que «desde la puesta en marcha» del organismo «se han evidenciado dificultades en su funcionamiento debido, a nuestro juicio, a un diseño legal inadecuado en cuestiones tales como su dependencia orgánica, personalidad jurídica, número de consejeros y su dedicación, etc…, dificultades que hoy continúan estando presentes. Nuestra dependencia orgánica de la Conselleria de Transparencia impide una mayor potenciación del desarrollo del Consejo de Transparencia». La nueva ley mantiene esa dependencia. Eso sí, cambia el número de consejeros y su dedicación, pero a peor, según sostenía el PSPV y la oposición, un criterio que ha naufragado en favor del que sostiene Garijo.

Seguimos. El informe lamenta que «durante el año pasado, el consejo contó con una partida presupuestaria propia de 135.000 euros. No obstante, cabe destacar que buena parte de tal presupuesto no ha podido emplearse, debido tanto a la escasez de medios y personal de la oficina de apoyo, lo que ha imposibilitado poder llevar a cabo las gestiones necesarias para organizar actividades, como, en gran medida, a la situación sanitaria».

Más cosas. Recuerda que la vigencia del mandato de los consejeros caducó, en el caso de cuatro de ellos, hace 16 meses, y el del último y quinto, en mayo del año pasado. Que el ritmo no pare. Subraya que «sigue sin haberse constituido la Comisión Consultiva del Consejo», y refleja la precariedad de la Oficina de Apoyo al Consejo, un servicio regulado en 2017 al constatar la saturación del organismo. La conselleria que dirige Rosa Pérez Garijo (Unides Podemos) no ha cambiado el talante que el consejo ya le afeaba al departamento cuando lo lideraba Alcaraz (Compromís).

Por si alguien no se había enterado aún, el apartado sobre la situación del ente remata expliando que, a causa de la falta de medios «no se ha podido ejecutar la función de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa» de las instituciones públicas que fiscaliza el organismo; tampoco es posible «mantener permanentemente actualizada la página web del Consejo, así como perfeccionarla dotándola de mayor contenido y haciéndola más atractiva e intuitiva para la ciudadanía», y, por si fuera poco, «no se han podido cumplir los plazos de resolución y notificación de reclamaciones» de los ciudadanos respecto a ayuntamientos, consellerias y empresas del sextor público, principalmente.

A pesar de todas los palos en las ruedas, el consejo, durante el año pasado, ha procedido a la apertura de un total de 373 expedientes durante el año pasado. La actividad se ha llevado a cabo, principalmente, a través de la emisión de 304 resoluciones, correspondientes a expedientes abiertos durante los años 2020 y 2021, «lo cual supone un incremento considerable respecto al año 2020, en que se abrieron 255 expedientes y se dictaron 182 resoluciones. Por tanto, en 2021 se ha experimentado un aumento, con respecto al año anterior, del 46% en cuanto al número de expedientes que han tenido entrada en el Consejo de Transparencia, y del 67% respecto al número de resoluciones dictadas por la Comisión Ejecutiva». Toda esta mejora en el rendimiento no ha impedido que el tripartito haya optado por desmontarlo.

El PSPV se resistió durante más de medio año a unos cambios que, según explica la oposición, provocan que el organismo se encarezca (aumenta el coste de una entidad presidida hasta ahora por un catedrático propuesto por Podemos, Ricardo García Macho, en teoría nada sospechoso de padecer el mal de la derecha), sus miembros pierdan su autonomía (se establece una exclusividad que, por tanto, les obliga a depender de ese salario y de la Conselleria de Transparencia, un área del Ejecutivo al que el consejo debe fiscalizar) y se imposibilite que los consejeros cuenten con el prestigio de los actuales (gran parte de ellos son catedráticos universitarios y juristas de nivel, que cobran dietas y que no renunciarán a sus principales ingresos para formar parte del nuevo consejo).

Fuentes del Botánico aseguran que la luz verde a esta ley fue uno de los elementos que Pérez Garijo puso sobre la mesa a la hora de negociar los presupuestos de la Generalitat para este año. La modificación legislativa se produce con el pronunciamiento en contra de los actuales miembros del Consell de Transparencia, que ya han advertido de los perjuicios para el organismo.

El Consell de Transparencia pasa de cinco miembros a tres. La terna tendrá rango (sueldo) de director general (60.110,42 euros el año pasado) y exclusividad. La idea es profesionalizar la actividad de los consejeros. De momento, el modo en que ha cristalizado en Les Corts el cambio legislativo no augura nada bueno. Durante la tramitación de la proposición, se eliminó la exposición de motivos que acompaña toda ley, y aunque el tripartito quiso solucionarlo a través de una enmienda, la presentó fuera de plazo y al final la retiró, de modo que la nueva ley se ha aprobado sin exposición de motivos. Esa ausencia de motivación es toda una alegoría del porqué y cómo se replantea el Consejo de Transparencia, un Pepito Grillo al que se le cambia el paso.