Los correos que acrecientan las sospechas de ocultamiento de los abusos del exmarido de Oltra

Mónica Oltra sigue en su línea. Su estrategia consiste en defender que todo fue correcto, que la Audiencia parte de unas premisas erróneas y que el juez está equivocado. De hecho, ha minusvalorado la decisión de imputarla -una exposición motivada no es un auto, viene a decir- y ha insistido en la cacería de la extrema derecha. Pronosticó en su día que esto carecía de recorrido y ahora está a las puertas de la imputación y quién sabe si del final de su carrera política.

El juez, en su escrito, recopila los correos electrónicos que acrecientan las sospechas de irregularidades. Uno de ellos es la comunicación entre Ana García Tarín, técnico de la conselleria, y Ana Isabel Domingo, directora del centro donde se producen los abusos. La actuación de esta responsable queda retratada por su ineficacia a lo largo de las primeras 70 hojas del texto del juez. El cuerpo del mail dice así: «He hablado con Paco, en total discreción, hemos valorado que mejor ve a la niña la psicóloga de la sección y depende de si derivamos a Espill -el centro especializado en abusos- o ya vemos».

Paco es Francisco Soriano, otro cargo de Igualdad salpicado en esta causa. A tenor de cómo se desarrollaron los acontecimientos, el juez considera que la referencia «en total discreción» no puede ser obviada. Y más en un asunto como este donde las cautelas se presuponen en una materia «tan delicada y sensible» como los abusos a menores.

Hay más correos que, según el juez, apuntan a cómo se produjo «un cierre en falso» de esa supuesta investigación. Ahora es al contrario, la directora del centro contacta con la técnico de la Conselleria. «El grupo de Menores que han coincidido con Maite y su «novio» en Fallas han venido comentando que Andrés va diciendo que piensa denunciar a dos educadores, a Luis por abusos…por lo que desde distintas perspectivas ha habido mucha agitación y comentario…»

Luego hace referencia a una eventual reunión con los padres de Andrés y comenta a la técnico Tarín, «Si ves más oportuno pudieras estar en dicha reunión ya me comentas y nos ajustamos a tu disponibilidad.» Andrés era el novio de Maite, la víctima, y otra de las personas a quienes relató los abusos del educador. Esta reunión se produjo pese a que la investigación, en teoría, estaba cerrada ante la falta de credibilidad de la adolescente. Se desconoce el objetivo del encuentro.

La responsable de la conselleria, a continuación, le responde: «Yo creo que la reunión primera en este sentido, sería mejor vosotros para concretar puntos y decirles que no tenéis nada que ocultar…ya que es el novio el que quiere ir a denunciar… y si no que dejen de hacer el bobo, después yo quiero hablar con ellos…». Todo esto cuando ya se había decidido no trasladar los hechos a la Fiscalía.

El otro de los correos, el cuarto que utiliza el juez para denunciar algunas incongruencias de la causa, complica la versión de Gema Plaza, subdirectora de Igualdad. Ella y su superiora defendieron que no sabían que se había abierto una investigación judicial cuando encargan la apertura del expediente administrativo que termina siendo un dosier para desacreditar a la menor.

De hecho, es que Mónica Oltra es la única que ha admitido públicamente que sabía de la existencia de ese procedimiento y pese a esto o quizá precisamente por ese motivo ordenó esa investigación, en principio, siempre para evaluar los protocolos. Asunto diferente fue el resultado donde ni se revisan protocolos ni actuaciones.

El correo que pondría en duda la versión de Plaza es uno que le envía a Amparo Nogués, otra de las investigadas de la conselleria. «Hola Amparo: en relación con la denuncia contra el educador de Niño Jesús te adelanto escaneada la solicitud de expediente informativo para que nos informéis sobre los hechos denunciados por la niña, medidas adoptada por la directora del centro… Importante que no se os olvide contestar a Fiscalía a TODAS las cuestiones que plantea…».

Este correo es del 10 de agosto de 2017. Al juez, en cambio, le aseguró que nadie le informó de las diligencias abiertas en Fiscalía y tampoco de la causa judicial. Su escritos contradicen la versión en el juzgado. Plaza, como el resto de imputados no están obligados a decir la verdad.