Les Corts presta sólo uno de los dos técnicos que la Agencia Antifraude solicitó

Los votos en la Mesa de Les Corts del tripartito (PSPV, Compromís y Podemos) permitieron que la Cámara ceda un trabajador a la Agencia Antifraude. La oficina dirigida por Joan Llinares solicitó asesoría legal y ayuda de personal del parlamento valenciano, ante lo cual se emitieron dos informes donde se cuestiona, tanto lo uno como lo otro. Finalmente, en la mesa celebrada este pasado martes, los tres votos de los partidos firmantes del Pacto del Botánico pesaron más que el rechazo de PP y Ciudadanos a la medida.

El préstamo de personal será mínimo, una persona, un técnico administrativo. Llinares solicitó un par de trabajadores con el fin de poder ayudarle a seleccionar a la treintena de empleados de la futura agencia. Se han recibido cerca de 250 solicitudes para participar en el proyecto.

Además del técnico superior y un administrativo solicitado, a los servicios jurídicos del parlamento se les requirió una asesoría sobre el modo de hacer el proceso de selección de la manera más legal posible. Sin embargo, la Mesa de Les Corts recibió dos informes, uno de la directora del área administrativa y otro del letrado responsable de analizar la petición de Llinares. Los dos documentos eran desfavorables, y esa opinión contraria es la que argumentan tanto el PP como Cs para votar contra la cesión de personal.

«Difícilmente podemos facilitar el apoyo administrativo que solicita el director de la Agencia, aunque sea por un corto espacio de tiempo», indicaron desde el departamento administrativo parlamentario, que lo justificaba por la «falta de disponibilidad de funcionarios de los que se pueda prescindir». Sin embargo, finalmente se hará un esfuerzo que mucho tiene que ver con el malestar generado en Podemos, partido que impulsó la agencia, por la reticencia a prestar ayuda a Llinares.

Los servicios jurídicos de Les Corts incidieron en que la ley que pone en marcha la oficina no asigna a la Presidencia o a la Mesa de la Cámara «una potestad genérica, ni tampoco específica, de intervenir, autorizar, dirigir, aprobar, ni tutelar las decisiones que pueda adoptar la dirección de la Agencia en el ejercicio de las competencias y potestades que tiene asignadas». En este sentido, el letrado que firma el informe recalca que al parlamento valenciano no le corresponde «efectuar un examen, una valoración o un análisis jurídico sobre los procedimientos de selección de personal». Los servicios jurídicos consideran que «no resulta injustificada» la solicitud de Llinares y en esa necesidad se ha apoyado el tripartito.