Burguera
Lunes, 9 de diciembre 2024, 00:43
Días jurídica y económicamente complicados para Compromís. Su síndic, Joan Baldoví, está citado mañana como testigo en un juzgado donde se dirime la denuncia ... de una empleada despedida por el grupo de un modo que la militante y extrabajadora considera irregular, un conflicto laboral que se arrastra desde hace año y medio. Además, los servicios jurídicos de Les Corts han emitido un extenso informe (48 páginas) en el que se desmonta una petición de aclaraciones firmada por el mismo Baldoví en la que realiza más de una veintena de preguntas (exactamente, 22) con la finalidad de instar a la Mesa del parlamento a flexibilizar los criterios de fiscalización por los cuales se detectó una irregularidad en la justificación del uso de las subvenciones públicas por un valor superior a los 25.000 euros.
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La Cámara, desde hace dos años, insta al grupo parlamentario a que reintegre los 25.413 euros que los servicios económicos de Les Corts, así como los informes de la propia Sindicatura de Comptes, señalan que utilizó sin la justificación pertinente.
Frente a la petición de aclaraciones de Baldoví a través de un serial de interrogantes que cuestionan los criterios de fiscalización establecidos, precisamente, durante los años en que Enric Morera (histórico dirigente de Compromís) presidía el parlamento valenciano, los servicios jurídicos de la Cámara exponen de manera contundente la vigencia de unos criterios que, desde hace dos años, sirven para que Les Corts le reclame a Compromís que pague.
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La Cámara, frente a las excusas presentadas por la coalición para evitar devolver los 25.000 euros no justificados, lleva desde marzo de 2023 recordándole a los nacionalistas que es ilegal presentar un cambio en el convenio entre el grupo parlamentario y la coalición para modificar «extemporánea e indebidamente las reglas de fiscalización». Hasta en tres ocasiones, en la respuesta a las preguntas de Baldoví, los letrados del parlamento le recuerdan el intento de burlar las normas de control del gasto que establece la Cámara.
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También de manera reiterada, el informe jurídico recuerda al síndic que Compromís contaba con un convenio firmado el 14 de enero de 2022, lo modificó el 27 de diciembre, a cuatro días de finalizar el año. Esa modificación se presentó dos meses más tarde, el 7 de febrero de 2023. La coalición pretendía que las condiciones modificadas sirvieran para cubrir la gestión económica a partir del 1 de septiembre del año anterior. Es decir, Compromís presentó en febrero un documento que aseguraron haber consensuado en diciembre con el fin de que tuviera efectos retroactivos, cuando la fiscalización ya había detectado la irregularidad por la cual le reclama los más de 25.000 euros.
En varias ocasiones, también, los servicios jurídicos le recuerdan a la coalición que las auditorías se practicaron en virtud de media docena de normativas y le insiste en que devuelva las cantidades no justificadas, una resistencia que se prolonga ya dos años.
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