Los cuatro problemas judiciales que afronta Oltra en el último año de legislatura

El primer envite, en teoría, sería el de su imputación. El TSJ debe decidir si existen suficientes indicios para investigarla por la desatención que sufrió la menor tras denunciar los abusos sexuales de su exmarido, en ese momento todavía pareja. Ese proceso resulta difícilmente explicable. Todo apunta –la propia vicepresidenta lo da por hecho– a que el alto tribunal aceptará quedarse la causa. Este mes de junio puede resolverse, apuntan las fuentes.

El extenso auto del titular de Instrucción 15 parece suficientemente fundado para que la consellera sea citada a declarar, un trámite en lo judicial pero un terremoto en lo político y mediático por la especial agresividad y exigencia que reclamó Oltra en la oposición. Asunto diferente, posible pero menos probable, es que finalmente se celebre un juicio por estos hechos. En ese escenario la situación se volvería insostenible. Pero esta posibilidad ya quedaría fuera del periodo de esta legislatura.

La opción de que el TSJ rechazara su imputación le daría cierta tranquilidad, pero no plena. El titular de Instrucción 15, el juez que ha llevado toda la investigación, podría seguir la causa contra los cargos de Igualdad imputados y que no gozan del aforamiento. Un juicio con casi una decena de personas de su departamento supondría una mochila suficientemente pesada sobre su gestión.

Otro de los frentes es la condena a su exmarido. La Audiencia le impuso cinco años de prisión. El fallo está pendiente de casación ante el Tribunal Supremo. La defensa pretende la repetición del juicio con otro tribunal porque sostienen que los magistrados no podían ser imparciales en el segundo juicio –el TSJ forzó una repetición– cuando se incluyó un informe exculpatorio. Otra vista oral mantendría el foco en Oltra, pero el docente tendría más posibilidades de salir absuelto. Y eso plantearía otra derivada: sería imposible demostrar un encubrimiento de un delito que no ha existido, apuntan fuentes judiciales.

El último de los escollos, quizá el menos gravoso para su imagen, es la reclamación administrativa que la menor planteó contra la conselleria. El proceso está parado a expensas del avance judicial. La vía administrativa, en caso de ser rechazada, puede ser recurrida por lo Contencioso. La víctima de los abusos, representada por el partido España 2000, reclama 240.000 euros. La joven, con un hijo y esperando otro, carece de recursos económicos.