El cuñado de Barberá pide a la juez de Azud que desbloquee los planes de pensiones

Resulta una situación habitual que personas con investigaciones abiertas por corrupción, con el bloqueo de todas sus propiedades y cuentas, se vean imposibilitadas incluso para recibir rentas o productos que están al margen de las diligencias. Ha ocurrido en numerosas ocasiones, por ejemplo, con el cobro de pensiones de jubilación para algunos ilustres imputados.

Ahora, el problema es algo diferente. El letrado José María Corbín y una de sus hijas tienen sus productos financieros bloqueados por la investigación del caso Azud. Pero Asunción Barberá, la hermana de la alcaldesa y esposa de Corbín, sí estuvo recibiendo las rentas de sus plan de pensiones hasta que falleció en el verano de 2023. Ambos son los beneficiarios de esas cantidades que, sin embargo, llevan un año sin ser ingresadas.

Por este motivo, la familia solicita al juzgado que libere esas trabas que todavía pesan sobre Corbín y su hija para que puedan recibir el dinero que les corresponde así como todos los atrasos acumulados desde hace más de año y medio.

La investigación del caso Azud, tal y como era previsible, se encuentra todavía lejos de su recta final. Son numerosas las piezas abiertas a día de hoy, la mayoría acerca de los negocios inmobiliarios del empresario Jaime Febrer y las supuestas comisiones que recibieron Alfonso Grau y el letrado Corbín, fundamentalmente. Alguna investigación, como la de la financiación ilegal del PSPV durante 2007 y 2008, avanza hacia el archivo definitivo por la prescripción de los hechos. Es más, la Audiencia ya ha dictado resoluciones en ese sentido.

Mientras, la diligencias en Instrucción 13 continúan ganando volumen. La semana pasada llegó al juzgado la investigación de Hacienda sobre los dos principales protagonistas del caso. Las rentas no justificadas se saldan con un fraude fiscal de más de 600.000 euros por parte de Corbín. En cambio, el caso de Grau asciende a cerca de 200.000 euros únicamente por un solo año fiscal. Problemas, en cualquier caso, menores con el núcleo del caso Azud. De hecho, Grau afronta ya dos condenas. Una, por la financiación ilegal del PP de Valencia. La otra, por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento de Valencia.