Dalmau se pone de perfil tras conocer el procesamiento de su asesora

El pasado mes de julio, María Oliver, la que fuera portavoz municipal de Podemos y candidata a la alcaldía de Valencia en las últimas elecciones municipales, logró un nuevo puesto en la Administración. Después de que se quedase fuera del Ayuntamiento tras el descalabro electoral de la lista que encabezaba para los comicios de mayo, la conselleria liderada por el vicepresidente segundo, el podemista Rubén Martínez Dalmau decidió ficharla como asesora. El rescate de Oliver se produjo cuando ya estaba investigada por el juzgado de Instrucción 19 por el convenio que dio a un excompañero de Podemos, el profesor universitario José Manuel Rodríguez, para la realización del mapa escolar de la ciudad. Oliver se acogió en su día a su derecho a no declarar cuando fue citada por el juez. De hecho, pidió un aplazamiento para no coincidir con la campaña electoral. El magistrado lo rechazó. Tal y como ayer adelantó LAS PROVINCIAS, la investigación judicial ha concluido con suficientes indicios de criminalidad para sentar a los investigados en el banquillo. El titular de Instrucción 19 ha dictado el auto de incoación de procedimiento abreviado, que equivale al procesamiento en otro tipo de procedimientos, donde detalla todas las irregularidades en este polémico convenio. Dalmau se puso ayer de perfil tras conocer el procesamiento.

«Tendré que informarme, ver los documentos y conocer cuál es la decisión del juez. No me puedo guiar por informaciones periodísticas y tendré que ver cuál es realmente la parte jurídica que hay detrás», indicó el podemista con mayor rango institucional en la Comunitat. «La decisión de mantenerla, o no, se tomará cuando se estudie», añadió Dalmau, que de esta manera gana tiempo hasta después de las elecciones que se celebran hoy para actuar frente a una novedad procesal que sitúa a Oliver al borde del banquillo de los acusados.

Oliver se incorporó tras la reedición del Pacto del Botánico como personal de confianza de César Jiménez, exdiputado de Podemos en Les Corts y secretario autonómico de Vivienda, al único departamento que cuenta con mayoría del partido morado, que ahora deberá reaccionar ante la nueva situación judicial de la que fuera su portavoz en el Ayuntamiento de Valencia.

Las irregularidades que propician el auto de incoación de procedimiento abreviado se iniciaron ya en el mismo arranque del convenio de colaboración firmado entre el Consistorio de la capital en el que estaba Oliver y la institución académica en la que trabaja José Manuel Rodríguez. No existió un encargo del Consejo Escolar para hacer el mapa. Pese a esto se buscó el acuerdo con la Universitat, según el auto. El instructor apunta a que el Ayuntamiento carecía de las competencias en educación para impulsar este trabajo. El Consistorio dispone de atribuciones muy limitadas en este área.

Tal y como en su día advirtió el Interventor, «no se hizo una convocatoria pública» sin las justificaciones necesarias. Hay un detalle que une a todos los implicados en esta historia: «su pertenencia a un mismo partido político». La asesora de Oliver Mireya Royo, también de Podemos, mantuvo «contactos directos» para este encargo con el docente, que fue miembro de la dirección del partido en la Comunitat. «Se aprecia una cierta premura en convenir», señala el juez. La investigación también ha permitido concluir el escaso «grado de concreción» de la memoria económica, requisito que exige la Intervención y que no estaba en el inicio del proceso.

Los hechos más graves acontecen durante la ejecución del convenio. Cita el juez esa extraña operativa de que «los becarios del Ayuntamiento» trabajaran en el marco de este acuerdo o la subcontratación de la firma Godoy y Asociados «sin que exista ninguna base que legitime» esta externalización. De la resolución se desprende que esa tarea debió ejecutarla la Universitat -precisamente por su cualificación- «y no se preveía la sustitución por un tercero».

La justificación de los gastos ante el Ayuntamiento de Valencia incluye las horas en teoría facturadas por los profesores como dedicadas al trabajo pero que, en realidad, no percibían remuneración económica. Sin embargo, estos fondos transferidos como pago de las horas se utilizaban para otras adquisiciones. Un informe de la Intervención del Ayuntamiento de Valencia ya dictaminó que ciertos gastos no eran subvencionables. Entre ellos, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS, figuran una cámara de fotos Panasonic, un ordenador portátil, otra cámara fotográfica JVC, una mesa de juntas de cristal, una grabadora y un iPad con su funda y teclado. Resulta sorprendente que se necesite una mesa de juntas para completar el estudio de un mapa escolar que ha terminado en un banquillo.