David Serra, condenado por la financiación ilegal del PP, evita la cárcel a cambio de 150.000 euros

David Serra, vicesecretario regional del PP, fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel. A Cristina Ibáñez, gerente del partido en la región, se le impuso el mismo castigo por la financiación ilegal del PP durante las elecciones de 2007 y 2008. Ambos tenían la sensación de que agotaban sus últimos días en libertad.

Pero la Audiencia Nacional, en una decisión inesperada, ha aceptado la sustitución de la pena. De esta forma, se ha evitado el ingreso en prisión de los dos supuestos responsables, tal y como ha adelantado La Razón. El ex cargo popular deberá, no obstante, pagar 150.000 euros al margen de cumplir con trabajos en beneficio de la comunidad. Idéntica situación en la que queda Cristina Ibáñez quien conoció la resolución que afectaba a Serra desde la cárcel porque su escrito fue resuelto unas semanas antes.

Otro de los condenados por este asunto Ricardo Costa se benefició de su colaboración con la Justicia -confesó en el juicio toda la operativa ilegal en la que participaba- y se le concedió la sustitución de la pena de prisión a cambio de trabajos en beneficio de la comunidad y el pago de 260.000 euros. El fallo le impuso 365 días de trabajos sociales que tiene cuatro años para satisfacer. De momento, lleva un año cumpliendo estos servicios. Otro de los que se sentaron en el banquillo de los acusados, Vicente Rambla, fue absuelto pese al testimonio incriminatorio de Costa.

Serra, en un escrito que presentó hace meses recordaba que los hechos por los que fue condenado se produjeron hace 12 y 13 años. Y añadía que, tras esos acontecimientos, abandonó toda actividad política, dedicándose exclusivamente a su actividad profesional. La Audiencia Nacional en aquel entonces lo rechazó al considerar que no se alegaban circunstancias personales del condenado que no tuviera al tiempo de cometer los delitos por los que había sido condenado.

El exdirigente popular considera, por contra, que desde 2007 y 2008 sus circunstancias personales, familiares, laborales o sociales sí que han experimentado una considerable modificación. De hecho, alegaba que Serra se ha casado y ha constituido una familia, además del estado de salud de sus padres que requieren un cuidado que sin la ayuda económica del exdirigente no sería posible mantener. También remarca la colaboración que mantenía con Cáritas, prestando de manera totalmente desinteresada asistencia a personas en riesgo de exclusión social.

El horizonte judicial de Serra, no obstante, no aparece despejado. Todavía le queda por afrontar la investigación del caso Imelsa, donde aparece en las conversaciones con el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent.