BURGUERA
Lunes, 30 de enero 2023, 14:01
La presencia de la Generalitat en el juicio de Gürtel, con el expresidente Camps en el banquillo, ha provocado la reclamación prácticamente unánime de todos los encausados de que sea expulsada por considerar irregular su personación. Ilegítima, caducada y originada, incluso, a través de ... un fraccionamiento de contratos. Difícil empezar peor por parte del abogado representante del Consell, que este lunes ha sido el objeto de gran parte de las cuestiones previas con las que se ha iniciado el juicio.
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El inicio de las vistas se aplazó el lunes pasado por falta de acceso a documentación por parte de los letrados. Ante la amenaza de una indefensión que podría anular o retrasar el juicio, el magistrado de la Audiencia Nacional decidió iniciar este lunes la presentación de las cuestiones previas, que debe resolver mañana, antes de que comparezcan inicialmente los acusados que han pactado con la Fiscalía. En esa presentación de cuestiones previas, la personación de la Generalitat se ha situado en el ojo del huracán.
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La Abogacía de la Generalitat cuenta con un cuerpo de letrados. No obstante, al incorporarse tarde a la causa, el Consell consideró que era mejor realizar un contrato con un letrado externo, a través de una adjudicación menor en noviembre de 2019. Las defensas de los acusados han recordado que no hay constancia de que ese contrato se haya renovado, por lo que estaría «caducado» (su duración era de un año), pero es que incluso si se hubiera prorrogado se trataría de un posible «fraccionamiento». No dejaría de ser curioso que en una causa sobre contratos irregulares del Consell del PP, la Generalitat con el tripartito ahora al frente pretenda ejercer de acusación a través de una contratación igualmente irregular, lo que se ha considerado, por parte de los abogados de los acusados, como razón de considerar ilegítima la presencia del letrado.
La Generalitat ya entró con mal pie en el juicio cuando, pocos minutos antes de que arrancase, la semana pasada, presentó un escrito modificando su petición de indemnizaciones. El letrado que representa a la Administración valenciana ha explicado hoy que también defiende los intereses de las empresas del sector público instrumental en las que algunos de los acusados ostentaron cargos.
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Esa doble representación también ha sido puesta en duda por las defensas, al considerar que algunos de estos organismos son los suficientemente independientes como para tener que ser ellos los que decidan y manifiesten quién los defiende en una personación. «Yo es que no entiendo nada», ha comentado con el micrófono abierto el letrado de la Generalitat una vez ha finalizado una vista en la que el tribunal ha decidido dar la palabra este martes al letrado para que intervenga, y será entonces cuando decida si lo expulsa.
La Sala ha decidido iniciar las comparecencias de los acusados con aquellos que han pactado con la fiscalía el reconocimiento de su participación en los delitos juzgados. La Fiscalía ha pedido que Camps sea el último en declarar, mientras que la defensa del expresidente de la Generalitat ha planteado en las cuestiones previas que el exdirigente del PP sea exculpado.
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El expresidente ha denunciado este lunes los «pactos secretos y obscenos» de la Fiscalía Anticorrupción con algunos de los principales acusados en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel.
La vista oral, que sienta a Camps y a otros 26 acusados en el banquillo (entre ellos, tres exconsellers: De Miguel, Rosado y Cervera), viene precedida de una cascada de confesiones y conformidades de algunos de los principales nombres ligados a Gürtel. Ellos serán los primeros en declarar ante el juez.
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El líder de la trama, Francisco Correa, su 'número dos', Pablo Crespo, la administradora de la misma, Isabel Jordán, el gerente de Orange Market, Cándido Herrero, y el responsable de la misma, Álvaro Pérez Alonso, alias 'El Bigotes', han remitido escritos de reconocimiento los hechos y se han adherido a las conclusiones planteadas por la Fiscalía. En las mismas, el ministerio público pide imponer dos años y seis meses de cárcel a Camps como autor de un delito de prevaricación y otro de fraude a la administración al considerar que participó de forma activa en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market.
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