Una denuncia anónima dio origen al caso Azud: «Hacienda somos todos, unos más que otros»

Las partes ya conocen el contenido del sumario, que este martes ha sido entregado a las defensas de los investigados, y donde aparecen miles de folios con la documentación de una causa que implica a cargos de PP y PSPV, además de a conocidos empresarios de la ciudad de Valencia.

Y, entre toda esa documentación, está el origen de la macrocausa. En concreto, se investigaron los hechos desde octubre de 2016 a fin de comprobar si lo relatado en la denuncia anónima presentada en la Agencia Tributaria se correspondían con un delito de malversación, cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública. La denuncia dio lugar a un informe sobre la denuncia relativa a José María Corbín, elaborado por la Agencia Tributaria, remitido a la Guardia Civil, en el que constan una serie de relaciones comerciales entre el despacho del abogado (Corbín abogados) y terceras empresas que a su vez facturaban con el Ayuntamiento de Valencia o, en su caso, con empresas que presentaban relaciones comerciales con dicha administración local. En concreto, el informe habla de una docena de empresas, entre ellas la del constructor Jaime Febrer, señalado como uno de los cabecillas de la trama.

En la denuncia anónima se apunta a que la familia Corbín Barberá disponía de varios inmuebles en Jávea, en el Tosalet. También en la calle artes gráficas de Valencia. Además, ampliando a las tres hijas del matrimonio, el denunciante asegura que aunque carecen de ingresos, las tres tienen bienes a su nombre. La flota automovilística que poseen, dice el escrito, «también es importe». De hecho, fecha en 1991 el inicio de la mejora de las condiciones de vida de la familia. Año que coincide con la llegada al Ayuntamiento de Valencia de Rita Barberá como alcaldesa. Hasta ese año, dice la denuncia, la familia sólo contaba con bienes en régimen de alquiler. Por ejemplo, los tres sobrinos de Barberá, hijos de José María Corbín, tenían inmuebles de protección oficial a su nombre, como detalla el escrito, en el que el denunciante se pregunta si tenían derecho a esa VPO, cómo la financiaban y si vivían allí. Con esos datos, la denuncia anónima despejaba el camino hacia «una investigación a fondo». Y a estas alturas de la investigación, el asunto cuenta con al menos cinco piezas separadas sobre las que todavía se mantendrá el secreto al igual que sobre parte de la documentación intervenida en los registros. La juez de la causa no cuenta ahora con refuerzos en el juzgado.