El caos en la certificación del valenciano aleja el requisito lingüístico para ser funcionario

Ante el empate técnico que se produjo en este órgano, la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, de quien depende la elaboración del decreto en el que se fijará ese reglamento, ya ha dicho que lo redactará incluyendo ese nivel de requisito más blando, porque es el que se obtiene al acabar el instituto. Sin embargo, la decisión de la titular de Justicia tiene también otra base que sustenta su argumento, más allá del informe de los expertos.

La Inspección General de Servicios (IGS) llevó a cabo al mismo tiempo que la citada comisión, un análisis y mejora del proceso de reconocimiento del nivel de valenciano en los alumnos que finalizan la ESO, el Bachillerato y la Formación Profesional en la Comunitat. Y en es informe, los asuntos internos de la Generalitat evidencian el descontrol existente a la hora de certificar el nivel de valenciano en la Conselleria de Educación, lo que impide aumentar el nivel, como piden los expertos más cercanos a Compromís.

En concreto, el organismo público ha examinado el proceso de regulación de los certificados oficiales administrativos de los conocimientos de valenciano de la Junta Qualificadora, el personal examinador y la homologación y validación, dado el gran impacto social de ese procedimiento.

En la actualidad, todos los alumnos que superar la educación obligatoria tienen derecho a convalidar un título de nivel B1, el equivalente al elemental. Lo mismo, con quienes acaban el Bachillerato, que ya no forma parte de la obligatoriedad, o con la Formación Profesional. Es decir, alerta la IGS de que independientemente de los años que se estudie la lengua cooficial de la Comunitat, el título que se tiene derecho a expedir es el mismo. Y, ese nivel, el más bajo, es que desde Justicia se defiende que debe ser el que se aplique en el requisito para todos los funcionarios de la Administración general, sea cual sea su puesto.

De hecho, la Inspección hace un estudio de qué niveles de lengua se obtienen en el resto de comunidades bilingües y la valenciana es la que da el título más bajo. Incluso se da la paradoja de que un estudiante de bachillerato de la Comunitat puede conseguir una certificación mayor en Baleares con sus horas de estudio. De ahí que la IGS alerte de que «es probable que la homologación a los niveles de certificados de conocimiento de valenciano que se ofrece al alumnado de la enseñanza reglada no esté considerando la adquisición efectiva de los niveles de conocimiento superiores al certificado B1 que pudieran certificarse sin necesidad de someter a los alumnos a nuevas pruebas de acreditación». De hecho, según detalla el informe, «es muy frecuente que el profesorado de los institutos anime a sus alumnos a presentarse a exámenes de C1 en cuanto acaban sus estudios, considerando que su preparación les permite obtener un certificado superior» al que ahora la Conselleria de Educación les otorga. En este sentido, esta situación incluso «obvia la labor realizada por el cuerpo de docentes de la propia Conselleria, que son quienes han seleccionado e imparten los curriculums educativos».

El nivel adquirido al acabar la enseñanza en la Comunitat, el que Justicia quiere implantar como requisito, es tan bajo, según explica la IGS, que es asequible incluso para las personas que se presentan al examen sin haber cursado nunca clases de valenciano, más allá de un curso preparatorio para obtener ese certificado.

Otro de los problemas que detecta la IGS es que los alumnos no reciben el certificado al acabar los estudios, sino que tienen que pedirlo, con la burocracia que conlleva y se les solicitan documentos que ya obran en poder de la propia Administración.