La falta de acuerdo impedirá al Consell aplicar el requisito para ser funcionario en esta legislatura

Bravo ha explicado que es partidaria de que para acceder a un puesto de funcionario se exija el nivel de capacitación que actualmente se adquiere al finalizar los estudios de bachillerato. Para la consellera no hay razón para que se tenga que hacer un examen extraordinario para obtener una plaza de empleado público. «No es un criterio inusual ni estrambótico de esta consellera» ha llegado a decir. Sin embargo, la otra parte del Consell, com Compromís a la cabeza, ya ha mostrado su más firme oposición a aprobar un requisito en estos términos, que considera insuficiente. Sin embargo, Bravo ha asegurado que llevará el decreto al Consell lo antes posible. «Creo que mi responsabilidad es ponerlo en marcha. Y estar en condiciones de llevarlo al Consell lo antes posible.

La ley establecía un plazo de un año para poner en marcha la ley en conjunto, y eso es lo que voy a hacer«, ha dicho. »Se intentarán solucionar las discrepancias como lo hemos hecho siempre. Soy partidaria de dialogar todo lo necesario para llegar a un acuerdo razonable que no puede pasar por exigir un plus y niveles superiores de los que el sistema educativo debe garantizar a la ciudadanía.«, ha señalado.De hecho, Bravo ha dejado la pelota en la Conselleria de Educación, porque ha reconocido que en ningún caso estará dispuesta a aprobar un requisito que exija un nivel de C1 cuya adquisición no garantiza ahora el sistema educativo. Además, la consellera ha recordado que Educación tiene todavía pendiente un decreto de homologación de los niveles de valenciano.

Según ha explicado Bravo, el nivel gallego, en el que ahora se mira Compromís, capacita a los estudiantes al acabar sus estudios de bachillerato con un C1, por lo que como sucede en Cataluña, el requisito está en consonancia con lo que se obtiene del sistema educativo. «Ya que ellos quieren en sistema gallego, lo deberíamos implantar en su totalidad», ha dicho.Sin embargo, para que el decreto se implante dentro de la ley de función pública hará falta un acuerdo de los socios que, por las exigencias de ambos partidos, no parece que se podrá obtener en lo que queda de legislatura. Además, el requisito tendría un período transitorio de implantación, como mínimo para que no afecte a las actuales oposiciones. «Entre uno y dos años», ha fijado Bravo.

Sin embargo, desde Política Lingüística, dependiente de la Conselleria de Educación, no comparten los razonamientos de Justicia porque creen que rebajar el nivel de valenciano para los altos funcionarios sería dar un paso atrás en el decreto que hasta que el nuevo entre en vigor, regula actualmente la selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana y que ya determina un nivel C1 (y no B2 como ahora se pretende) para los empleados públicos del grupo A. De este modo, el nuevo decreto sería más restrictivo que el actual y supondría un retroceso para estos puestos en el conocimiento exigido de valenciano. Además, sostienen que en su día, el anteproyecto de ley de función pública se pactó con todos los sindicatos y se aprobó por todos los miembros del Consell a pesar de que incluía que el C1 iba a ser el nivel necesario para los empleados públicos más cualificados. 

En su día, con la entrada en vigor de la nueva Ley de la Función Pública, los grupos del Botánico fijaron un requisito lingüístico para acceder a la Administración, pero se dieron un plazo de un año para determinar qué nivel de valenciano era neceario para cada puesto. Para ello, normbraron una comisión de Competencia Lingüística formada por expertos y cargos políticos, que debía redactar el reglamento en el plazo de un año. Y esa comisión presentó sus conclusiones este lunes.  Al personal de más alto nivel (los denominados grupo A) se les plantea la exigencia de un nivel C1 de valenciano (el mitjà) o incluso B2 (el antiguo elemental), el mismo que se solicitará a los auxiliares administrativos de la Generalitat. Algo con lo que desde Compromís no están de acuerdo, como se evidenció en las votaciones de la propia comisión, donde los miembros más afines a la coalición optaron por elevar el nivel para los altos funcionarios, mientras que los afines al PSPV son más partidarios de un requisito blando.

Por su parte, la síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, ha insistido este martes en que el nivel C1 de valenciano o 'mitjà' debe ser un «requisito imprescindible» para los funcionarios en la Comunitat y ha asegurado que así se lo ha trasladado al 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig. «No estamos de acuerdo, es público y notorio y continuaremos reinvindicándolo», ha recalcado en una comparecencia tras su primera reunión con Puig, dentro de una ronda con los grupos parlamentarios, sobre la propuesta de la Conselleria de Justicia para el requisito lingüístico. Al respecto, la síndica de Compromís ha reconocido que la propuesta del departamento de Función Pública (PSPV) es diferente a la de la Conselleria de Educación que dirige su compañero Vicent Marzà, pero ha advertido que no piensan «renunciar» a que se exija el 'mitjà'. Y es que, a su juicio, los funcionarios de los grupos A1 y A2 deben tener suficiente formación como para atender en valenciano, preservando así el derecho de la ciudadanía a que la administración les responda en las dos lenguas oficiales.

Por su parte, Escola Valenciana califica de «injusto e inaceptable el intento» por parte de la consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo, de «rebajar al mínimo el nivel de valenciano del funcionariado», al tiempo que recuerda que, actualmente, «tres de cada cuatro vulneraciones lingüísticas registradas se producen en el ámbito de la administración pública». Desde el colectivo, se ha animado a la consellera a «dar un paso al lado y dimitir si no está dispuesta a defender los derechos lingüísticos de valencianas y valencianos». En esta misma línea, desde Acció Cultural del País Valencià (ACPV) han lamentado que la consellera de Justicia «no está jugando en absoluto a favor» del valenciano, sino que «más bien es un problema y un obstáculo». Por ello, solicita al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que intervenga para «restablecer el consenso» en cuanto a la exigencia del conocimiento de esa lengua en la función pública.