La deuda valenciana se come el gasto en políticas sociales

Como mar de fondo de todos estos datos no hay que perder de vista que la Comunitat lleva décadas sufriendo un sistema de financiación que la sitúa, junto a Murcia, como la más perjudicada por un modelo de transferencias de fondos del Estado a las autonomías profundamente injusto, y que permite diferencias que ronda los 1.000 euros por habitante entre valencianos y murcianos respecto a los vecinos de Cantabria. Sin dinero para cubrir los servicios públicos sociales básicos, la Generalitat se endeuda, y el pago de la deuda le impide invertir en gasto social. Un círculo perverso del que la Comunitat no sale porque el Gobierno no ha sido capaz de enmendar la situación.

El informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, empleando los números del último año liquidado, 2022, indica que la Comunitat emplea un 29,9% de su presupuesto en el pago de la deuda. El País Vasco emplea el 6,3%; Navarra, el 7,4%; y Canarias, un 8%, los que menos. El contraste entre las situaciones de unos territorios y otros es enorme. Junto a la Comunitat, Castilla-La Mancha lidera el ranking del mayor porcentaje destinado a deuda dentro de la distribución del gasto autonómico entre las políticas sociales, lo adeudado y el resto (infraestructuras o turismo, por ejemplo). Los manchegos emplean el 30,7% de su presupuesto autonómico en lo mismo que los valencianos, pagar lo que debe. No es de extrañar, por tanto, que el presidente manchego, García Page, se haya alienado con sus homólogos populares, el valenciano Carlos Mazón, el murciano López Miras y en andaluz Moreno Bonilla, a la hora de reclamar al Gobierno una solución a la infrafinanciación y un cambio de modelo.

omunitat y los manchegos, es la región que más porcentaje de su presupuesto emplea en pagar deuda, un 24,9%, cinco puntos porcentuales menos que la Comunitat, completamente estrangulada. Esa diferencia, además, aumentará ahora que Sánchez ha pactado con los independentistas catalanes una quita automática de la deuda tras facilitar ERC la investidura de Salvador Illa.

Una cosa lleva a la otra. El porcentaje de gasto en políticas sociales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) de la Comunitat es el 55,7%. Mientras que el 14,2% queda destinado a todo lo demás: infraestructuras, principalmente. Ese 55% es uno de los peores porcentajes de España. Peor porcentaje solo lo tienen Cataluña, Castilla-La Mancha, así como Baleares y Navarra, si bien los autores del informe advierten de que «solo se deben comparar entre sí los datos de las Comunidades de Régimen Común. Los datos de los territorios forales (Navarra y País Vasco) no tienen comparabilidad plena con los del resto de comunidades autónomas debido a sus ámbitos fiscales y competenciales diversos.También en casos como el de Illes Balears los datos pueden resultar incompletos en materias como Servicios Sociales debido a las transferencias a los Consell Insulares no computadas en dicha política social».

Así pues, la Comunitat se sitúa a la cabeza en el porcentaje de su presupuesto destinado a pagar deuda y a la cola en la parte que se emplea para el gasto social. Esos datos de 2022 son los que ha heredado el Consell de Mazón, con la Conselleria de Hacienda que dirige Ruth Merino al frente de un problema para el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no da soluciones.

Los informes de distintos ámbitos y estamentos repiten machaconamente una realidad incontestable. El Gobierno la admite sin rubor a pesar de que no la soluciona. Y el problema es hoy, pero también lo será mañana, y dentro de tres años. La deuda pública se habrá incrementado en 6.449 millones de euros en la Comunitat en 2027, según los datos de uno de los últimos informes de Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada que dirige el profesor Ángel de la Fuente, uno de los principales expertos españoles en financiación autonómica.

La Comunitat será la tercera donde más se encarezcan los intereses de esa deuda, de tal modo que en los próximos tres años se pagará, solo en concepto de gastos financieros, más de 1.000 millones de euros que en el último ejercicio cerrado, en 2023, cuando se tuvo que abonar por gastos financieros de la deuda más de 800 millones de euros. Pues en 2027, según el informe de Fedea, la Comunitat pagará 1.893 millones, un 129% más que respecto a 2023 y un 424% más que en relación a 2022. En cinco años, los valencianos pasan de pagar 361 millones de euros en intereses a los 1.893 millones que costarán los números rojos de la Administración valenciana en 2027, que se elevarán en total hasta los 61.483 millones de euros.

Con semejante panorama financiero no es de extrañar que el gasto social en la Comunitat, en comparación con otros territorios del país, no se sitúe en el 61,3%, que es la media entre el gasto autonómico, sino que está más de cinco puntos por debajo, mientras que la parte destinada a la deuda pública está 12 puntos por encima de las cifras nacionales.