Diez preguntas sin responder en el caso del exmarido de Oltra

La condena de la Audiencia de Valencia sobre los abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra en un centro de protección deja, no obstante, numerosos interrogantes de la actuación de la Conselleria de Políticas Inclusivas y la dirección del centro.

 

¿Por qué la directora del centro no preguntó por los abusos?

La responsable es una de las piezas clave de esta historia. Su comparecencia en el juzgado resultó sospechosa por la confusión total de su relato. La primera noticia que tiene de los abusos le llega por una trabajadora del comité Antisida, la que gestiona el patrimonio del padre de la víctima. Dijo que se quedó «impactada». Tras esto, le preguntó a la menor por qué quería irse del centro y aseguró que la adolescente no le contó nada de los abusos. Se justificó acerca de por qué no preguntó directamente por los actos sexuales: «Eso hubiera sido inducirla». Le dijo a la niña que iría a la Conselleria a contar por qué quería irse de las instalaciones. El tribunal no logra entender que la máxima responsable no hablara cara a cara con la joven de un incidente tan grave.

¿Por qué la psicóloga de la conselleria omite el tema de los abusos y tampoco informa a la Fiscalía de Menores?

La Sala también cuestiona el papel de la experta de la dirección Territorial de Igualdad. Habló con la víctima 45 minutos. La joven le contó sus miedos, problemas y la historia de una vida de centro en centro. «No hice un informe sino una diligencia», aclaró al tribunal. Su jefe le pidió que entrevistara a la joven por un episodio de abuso sexual. Sin embargo, ella no acató este mandato porque luego nunca preguntó por la cuestión. La mujer admitió no ser experta en abusos sexuales. Los magistrados no comprenden cómo tampoco informó a la fiscalía aunque su dictamen descartara los abusos.

¿Conocía la directora del centro y la dirección territorial de la conselleria que el acusado era marido de Mónica Oltra?

Este vínculo era vox populi en el centro donde ocurrieron los hechos. El propio fallo de la Audiencia recoge que esta circunstancia, la relación con un alto cargo de la Generalitat, «conocida por todos», pudo frenar las intenciones de la joven de denunciar los hechos. De hecho, el caso llega a la fiscalía por una diligencia policial. Pero no por las autoridades de la conselleria. Resultaría extraño que la psicóloga y su jefe desconocieran la relación del acusado cuando afrontaron esta crisis.

¿Por qué la menor no ha sido defendida por la GVA?

La Generalitat tiene la tutela de la adolescente. Pero en este caso existía un conflicto de intereses. La conselleria podía haber sido parte del procedimiento si la fiscalía hubiera reclamado una indemnización al centro como responsable civil subsidiario. Entonces hubiera estado en ambos lados del tablero. Como acusación y defensa. Algo incompatible. Pero la fiscalía no pidió responsabilidades al centro. En el juicio, el responsable del ministerio público rectificó el criterio inicial. Reclamó que el acusado indemnizara a la joven, pero ya no se podía ir contra la conselleria al no ser parte del procedimiento desde el inicio. La Generalitat debió asignar un abogado externo para representar a la menor. No lo hizo.

¿El traslado de la menor pudo tener la intención de tapar los hechos? ¿Por qué no se tomaron medidas preventivas contra el acusado y se le apartó de su puesto?

En verano de 2017, el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia dictó una orden de alejamiento del acusado de 200 metros respecto a la menor. Pero el educador siguió trabajando en las instalaciones. La adolescente fue trasladada a otras dependencias. El centro mantuvo al denunciado porque la directora no dio credibilidad a la versión de la víctima y porque el profesional sólo estaba investigado.

¿Siguió la conselleria el mismo procedimiento que en otros casos similares?

No. El supuesto más cercano es el cierre del centro de Segorbe, gestionado por una orden religiosa. En este episodio, además de la clausura y traslado de los adolescentes, la vicepresidenta difundió desde la tribuna de Les Corts datos identificativos de un sospechoso. Esta persona ha sido finalmente absuelta por los tribunales. De hecho, se ha querellado contra la consellera. Además, la Justicia ha dado la razón a la orden religiosa y ha resuelto que el cierre fue ilegal. Pero pese a todo, la conselleria ha recurrido el fallo. Esta situación contrasta con la opacidad con la que se ha vivido este procedimiento.

¿Existe otro informe sobre la menor al margen del procedimiento judicial?

Tras la entrevista con la psicóloga del centro, la joven fue examinada por una experta de la Fundación Espill. Sin embargo, este dosier, que según las fuentes es exculpatorio, nunca se aportó a la causa judicial. El abogado del acusado conoció la existencia de ese dictamen por una información de este periódico.

¿Por qué la Administración no es responsable civil de los hechos?

La respuesta a este interrogante puede deberse a un olvido durante la instrucción. Si la fiscalía hubiera reclamado una indemnización a la conselleria, la Abogacía debería haberse personado en la causa. El relato de la sentencia condenatoria, donde se desprende una desprotección de la Administración a la menor, podría anticipar una condena en este sentido. Del mismo modo, aseguraría que en el caso de que el acusado no pueda pagar la indemnización de los 6.000 euros a los que ha sido condenado, la Administración corriera con esta suma.

¿Puede la menor reclamar ahora a la conselleria por la desprotección que ha padecido?

Fuentes judiciales consultadas por LAS PROVINCIAS no ven factible una demanda por estos hechos. Hay que tener en cuenta, según las mismas fuentes, que la supuesta desprotección se produjo en un periodo muy concreto -no a lo largo de toda su estancia en los centros de la Generalitat- y, además, ya se va a indemnizar a la joven con los 6.000 euros que debe abonar el condenado.

¿Por qué la menor acudió esposada al juicio?

El trato que recibió la víctima motivó incluso las disculpas del tribunal y una queja oficial del TSJ. La adolescente que ahora está en un centro de reforma fue llevada esposada a la Ciudad de la Justicia. Allí aguardó llorando hasta que fue su turno. La presidenta de la Sala ordenó que se la liberara, pero los agentes se negaron. La sentencia hace constar que no se respetó el Estatuto de la Víctima.