La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo ha vuelto hacer. Los especialistas de la Benemérita han presentado en el juzgado de Instrucción número 13, el órgano que investiga el caso Azud, un nuevo informe para aclarar la sospechas acerca de la actuación ... del supuesto cabecilla de la red, Jaime Febrer, en relación con la empresa pública Aumsa, encargada de la construcción de vivienda.
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Una de las líneas de investigación que comenzaron hace ya tres años consiste en la sospecha de que el grupo Axis, conglomerado dominado por el citado empresario, trató de obtener una serie de ventajas de la citada empresa. Por este motivo se han interrogado a cuatro trabajadores o extrabajadores de la firma en el marco de las diligencias policiales.
Se trata de una práctica que las defensas han lamentado en repetidas ocasiones, es decir, el hecho de que la UCO vaya incorporando informes, sin un aparente mandato de la titular del juzgado. Los agentes han interrogado a estas cuatro personas y les han preguntado por las particularidades de algunos expedientes de obra pública, que supuestamente fueron a parar a empresas vinculadas al empresario investigado.
Los agentes interrogan acerca del papel de Alfonso Grau, Rafa Rubio e incluso de Jorge Bellver, exconcejal de Urbanismo y cuya implicación en este asunto, siempre en un extraño limbo legal, estaba cercana al archivo ante la prescripción de los hechos.
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La declaración más relevante, al parecer, es la de la responsable del departamento financiero de la firma. La mujer explicó a los agentes que llegó a elaborar un dosier, que todavía conserva, sobre las irregularidades que detectó en uno de los procesos. La dirigente ha recordado incluso cómo era frecuente ver a Jaime Febrer en las oficinas de la empresa y que daba indicaciones e ideas, unos hechos que le sorprendieron porque podía ser uno de los licitadores.
La trabajadora ha puesto énfasis en el PAI del Grao. El gerente entonces ya no era Carlos Masià sino José Antonio Martínez. Por orden de Grau, al parecer, existía la instrucción de vender todas las viviendas de alquiler para obtener fondos para el citado PAI, la gran actuación pendiente en la ciudad. La testigo ha recordado cómo se licitaron dos concursos públicos de 38 millones de euros, que no llegaron a ejecutarse. «Acudió a participar en los pliegos», señaló a los agentes de la UCO. Ella misma fue testigo presencial de ese encuentro.
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La testigo observó tantas supuestas irregularidades en estos procedimientos que elaboró un dosier que presentó por registro de entrada en la propia empresa pública.
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