Divalterra, decidida a recuperar lo que le pagó a la FVMP por la fundación de Orengo

El consejo de administración de Divalterra, la empresa pública de la Diputación heredera de la vieja Imelsa y cuya liquidación ya ha anunciado Toni Gaspar, debate hoy una propuesta para devolver a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) las dos facturas por valor total de 68.000 que la empresa tiene pendientes de abono a esa entidad por el convenio de colaboración suscrito en 2016 para la puesta en marcha de la Fundación para el centro de investigación para el conocimiento en la administración local, impulsada por el exnúmero tres del PSPV José Manuel Orengo.

La propuesta, además, advierte de que los pagos que sí se han efectuado a la FVMP, y que ascienden a 40.000 euros «no están bien justificados», por lo que plantea iniciar el procedimiento para reclamar su reintegro.

La letra pequeña del acuerdo que se debate hoy tiene que ver con la misma polémica que viene envolviendo a esta fundación desde el mismo día que Orengo, ahora directivo en Balearia, la puso en marcha. En 2016, tras abandonar la dirección del gabinete del entonces presidente de la Diputación de Valencia, Divalterra y la FVMP firmaron un convenio para comenzar a trabajar en esa Fundación, una especie de traje a medida para Orengo, exalcalde de Gandia, que pasó a desarrollar la idea.

La iniciativa naufragó pronto, lo que tardó en conocerse cuál iba a ser el formato de la entidad para buscar financiación. A Orengo le dio tiempo, no obstante, de celebrar una reunión del patronato en el Palau de la Generalitat, con el propio Ximo Puig a su lado.

Del acuerdo formaba parte el abono, por parte de Divalterra, de un total de 120.000 euros. Esa era la cifra inicial. Pero las justificaciones aportadas por la entidad dirigida por Rubén Alfaro del trabajo realizado por Orengo recibieron reparos por parte de la empresa de la Diputación. Casi tantos como dudas han existido respecto a cuál fue el trabajo real realizado en el marco de esa fundación. La propia Agencia Antifraude abrió un expediente en el que constató las dudosas justificaciones aportadas.

Y de ahí viene la propuesta de Divalterra. En el punto que se debate hoy se recuerda que el auditor de la empresa de la Diputación, tal y como avanzó este diario, encontraba similares reparos a Antifraude respecto a las justificaciones aportadas por la FVMP sobre un proyecto que en algunos ámbitos fue calificado de «chiringuito». Tantos como para considerar que los pagos a abonar a la FVMP apenas debían superar los 38.000 euros. Por eso la firma de la Diputación plantea devolver y dejar sin abonar las facturas pendientes de pago e incluso reclamar parte de los 40.000 abonados.

Pese a esta discrepancia, en el presupuesto de la Diputación para 2021 figura una línea de ayuda para la FVMP que supera en aproximadamente 100.000 euros la del ejercicio anterior, cantidad muy similar a la que correspondería abonar por Cical.