La Diputación aprueba su propio plan antifraude al mes de liquidar Divalterra

El pleno de la Diputación de Valencia que se celebra este martes 19 de julio dará luz verde al 'Plan de Medidas Antifraude' de la corporación provincial, un documento de 74 páginas que es consecuencia del decreto del Gobierno que establece que, para la gestión de los fondos europeos, cada entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) deberá disponer de un plan de este tipo.

El documento, que figura en el capítulo de propuestas del presidente de la corporación, Toni Gaspar, tiene garantizada la aprobación no sólo por la mayoría de que dispone el equipo de Gobierno provincial, sino porque también el PP valenciano ha anunciado su voto favorable.

Aunque la justificación del plan está vinculada a la ejecución de los fondos europeos, la corporación provincial lo lleva al pleno para su aprobación una vez ha consumado el cierre definitivo de Divalterra, la empresa pública heredera de la vieja Imelsa, y que Presidencia de la Diputación optó por liquidar a la vista de la sucesión de polémicas y causas judiciales derivadas de la actividad de la empresa, en la que se han visto salpicados los dos últimos presidentes de la Diputación, Alfonso Rus y Jorge Rodríguez. «Divalterra, punto y final, se acabó», dijo Gaspar para rubricar hace pocas semanas el final de la empresa provincial.

En su 'Plan de Medidas Antifraude', la corporación explica que pretende impulsar «una cultura que ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo de actividad fraudulenta, haciendo posible su prevención y detección, y desarrollando unos procedimientos que faciliten la investigación del fraude y de los delitos relacionados con el mismo».

Respecto al ámbito de aplicación, el citado Plan será aplicable a la Diputación Provincial de Valencia, así como a cualquier otro agente implicado en la ejecución del PRTR, así como a los adjudicatarios, empresas privadas, contratistas y subcontratistas y beneficiarios de las ayudas.

Para medir su nivel de prevención, la corporación provincial ha realizado una primera evaluación del riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución que será objeto de revisión periódica, «como primer paso para poder diseñar medidas antifraude proporcionadas y eficaces», se indica. Según las respuestas que la propia corporación provincial realiza a las preguntas de un cuestionario de 'evaluación de riesgo' de 16 preguntas, la Diputación de Valencia obtiene un total de 34 puntos, sobre un máximo de 64.

El acuerdo de la corporación provincial incluye la puesta en marcha de un Comité Antifraude (CAF), un órgano técnico, independiente y articulado como grupo de trabajo colegiado, que asume como función específica el asesoramiento en relación con la utilización, en el ámbito de actuación de la Diputación de Valencia, de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de conformidad con las normas aplicables.

Entre las funciones de ese comité, la evaluación periódica del riesgo de fraude; la definición de la Política Antifraude incluyendo las medidas necesarias para la prevención, detección, corrección y persecución de los intentos de fraude; establecer protocolos de gestión de conflictos de intereses o abrir expedientes informativos ante cualquier sospecha de fraude.

En el marco de estas actuaciones, la Diputación de Valencia y la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude, tienen prevista la aprobación de un protocolo de colaboración en la que, entre otros tipos de colaboración, da la posibilidad de que la Diputación de Valencia utilice el buzón de la AVAF como canal externo de denuncia de nuestra institución, comprometiéndose a incluir en lugar visible dentro de la página web o cualquier otro soporte que considere conveniente el link del Buzón de denuncias de la AVAF junto con información clara y precisa sobre su función y finalidad.

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