Se acabó. Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia, ya es historia. La junta general de la firma heredera de la vieja Imelsa acaba de aprobar la disolución del consejo de administración, así como el nombramiento de los liquidadores que se encargarán de la extinción de la empresa. El acuerdo se ha adoptado con los votos a favor de PSPV, Compromís y La Vall y en contra de los grupos de la oposición, que a la hora del nombramiento de los liquidadores han cambiado el rechazo por la abstención.
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La disolución de la empresa constituye el último paso del cierre de la firma anunciado en su día por el presidente de la Diputación, Toni Gaspar. Un proceso que el dirigente socialista ya anunció en 2018, y que ha tropezado con las múltiples causas judiciales que afectan a la empresa, y que obligaban a adoptar una decisión de este tipo.
En la junta general celebrada esta mañana, los grupos de la oposición han vuelto a reprochar a Gaspar las prisas por acometer este proceso y ha cuestionado la elección de los liquidadores que se encargarán del cierre, que tendrán un coste, han dicho, de 240.000 euros. El presidente de la institución, por su parte, ha recordado que han sido los habilitados nacionales sin ninguna consigna por su parte los encargados de elegir a los liquidadores.
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