Divalterra frena un contrato del abogado de Francis Puig

Quince días. Del 26 de octubre al 9 de noviembre. Es el plazo que ha tardado la mesa de contratación de Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa, en dar marcha atrás a la adjudicación de un concurso a Jeremías Colom, el abogado de Francis Puig. Tras el acuerdo inicial para que el letrado del hermano del presidente de la Generalitat en el contencioso administrativo presentado por el PPCV por la concesión de subvenciones al valenciano de la dirección general de Política Lingüística asumiera el asesoramiento laboral de Divalterra, el mismo órgano de la mercantil de la corporación provincial concluyó que la oferta no cumplía los requisitos. Y le retiró la adjudicación.

El 26 de octubre, la mesa de contratación propuso la contratación de Colom en un concurso para la adjudicación de un servicio en materia de asesoramiento laboral. El contrato salió a licitación por 36.500 euros y Colom logró hacerse con él tras presentar una oferta de 12.000 euros. Existía, obviamente, una baja «desproporcionada o anormal» y así lo había constatado la mesa de contratación a mediados de mes.

En esa reunión del día 26, sin embargo, se decidió dar el visto bueno a la justificación del abogado, que había alegado que su propuesta «potenciaba el teletrabajo», no subcontrataba y no tenía gastos de Seguridad Social ni financieros, porque las instalaciones y equipos eran de su propiedad. Lo que en esa reunión parecía resuelto se convirtió a los 15 días en una exclusión del proceso. ¿El motivo? En el acta del 9 de noviembre se explica que la oferta del abogado de Francis Puig «no cumple los requisitos solvencia técnica y solvencia económica». Tras abrir un nuevo periodo para que el letrado subsanara las deficiencias, la mesa acordó el 18 de noviembre, por tres votos a favor, uno en contra y una abstención, excluir a Colom, tras alegar que no tenía «elementos objetivos e imparciales» para considerar suficientemente justificada su oferta.

La presentación de una oferta con baja temeraria fue también el motivo por el que Jeremías Colom fue excluido de un concurso convocado por Fisabio para su servicio de asesoramiento, asistencia y defensa jurídica en materia laboral. Al letrado del hermano de Puig se le atribuyen contratos con administraciones públicas que en los últimos dos años se acercarían a los 300.000 euros.