Divalterra seguirá sin tener un plan de prevención del delito hasta 2018

Divalterra fue la denominación elegida para borrar el oscuro pasado de su antecesora Imelsa, la empresa que dirigía Marcos Benavent y sobre la que pivota un buen porcentaje de la corrupción descubierta en la operación que terminó con el exvicepresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus detenido.

La sociedad pública no tendrá en funcionamiento hasta el próximo año lo que se conoce como compliance, una especie de plan de prevención del delito, según confirmaron desde la propia entidad. Se trata de un método definido cuya aplicación reduce los riesgos de que la prácticas ilegales se reproduzcan.

Lejos de ser una anécdota, esta circunstancia resulta de gran importancia. La existencia y aplicación de un programa de estas características -tampoco debe contemplarse como un seguro a todo riesgo- puede salvar a la sociedad de responsabilidades penales en el caso de que surja algún procedimiento judicial, tal y como reconocieron las mismas fuentes. Precisamente la ausencia de este tipo de medida ha llevado a la imputación del Partido Popular en el blanqueo de 50.000 euros por parte del Grupo Municipal de Valencia.

En Divalterra se encargó a un despacho de abogados el diseño de un plan con este objetivo. Cada empresa debe personalizar sus propios mecanismos de control. El mismo modelo no sirve para todas las sociedades. Ese primer borrador se quedó algo corto en determinadas áreas, que ahora y durante los últimos meses se ha estado ampliando, según confirmaron desde Divalterra.

Llama la atención el retraso de una medida de este tipo en una empresa que, por un lado, maneja más de 20 millones de euros de presupuestos y, por otro, que se ha visto salpicada directamente por uno de los mayores asuntos de corrupción. Desde la mercantil, en la etapa del PP, supuestamente se han amañado concursos, se han pagado nóminas a trabajadores ficticios y se ha desviado dinero a intereses particulares a través de la prestación de servicios inexistentes. Una ristra de graves irregularidades.

Las disputas internas explican, en parte, esta demora. La famosa bicefalia en la gerencia entre PSPV y Compromís terminó siendo un desastre. La salida del socialista Víctor Sahuquillo tras descubrirse que había cargado gin-tonics a la cuenta de la empresa pública aligeró el problema. Ahora, la empresa es dirigida por la coalición nacionalista.

La falta de quorum en el consejo de administración había impedido la reforma de los estatutos de la sociedad en los que incluir el nuevo plan de acción. Ahora, se volverá a intentar tras el final de las vacaciones. En cualquier caso, la aplicación efectiva se producirá ya en 2018.

La medida también incluye el nombramiento de un director de cumplimiento del nuevo modelo, una persona externa a la mercantil y con cierto presupuesto para no depender de un departamento de la sociedad. En definitiva, con autonomía para ejercer una verdadera vigilancia. Este responsable debía ser el encargado de verificar que se estaban siguiendo los protocolos de actuación diseñados para evitar infracciones. Se desconoce si finalmente se optará por una persona al margen de la empresa o se designará un cargo directivo.

Las mismas fuentes añaden que la excesiva lentitud de cualquier órgano de la administración también ha sido un freno a la hora de una aplicación más rápida de la medida. También se debía incluir el ya conocido como Buzón de Denuncias, la posibilidad de que cualquier trabajador pueda de una manera anónima y con las máximas garantías comunicar cualquier sospecha de irregularidad.