Dos años de un esqueleto que ya huele

La reunión del lunes, a la vista del orden del día, vuelve a ser otra demostración práctica del más que discutible interés del Gobierno central por el cambio del sistema de financiación. Desde aquel esqueleto presentado hace ya dos años -una propuesta de criterio de población ajustada que obtuvo el rechazo de la mayoría de CCAA- el Gobierno de Pedro Sánchez ha alegado justificaciones de todo tipo para no entrar en el fondo de una reforma cuya negociación con el PP, a la vista de la creciente distancia entre ambos partidos, se antoja más que complicada. Y eso que en la reunión que Pedro Sánchez acaba de anunciar que mantendrá con Feijóo antes de que finalice el año se debería de abordar ese tema.

Acaban de cumplirse justo dos años. El 3 de diciembre de 2021 -víspera de puente- la ministra de Hacienda María Jesús Montero remitía a las CCAA su propuesta de criterio de población. Un documento repleto de cálculos y fórmulas matemáticas del que resultaba imposible concluir qué comunidades salían favorecidas y cuáles no. De aquel documento se recuerda especialmente la valoración optimista que hizo el Consell del Botánico por boca de su entonces titular de Hacienda, el bueno de Vicent Soler, que calificó de «victoria colectiva de los valencianos» la presentación de aquel documento, por lo que suponía de iniciar el proceso de reforma. Han pasado dos años de aquello. Y quien más y quien menos sabe que la reforma de la financiación sigue esperando.

El esqueleto del criterio de población dio lugar a las alegaciones de las CCAA. Y éstas, teóricamente, iban a conducir a una propuesta de modelo de financiación por parte del Gobierno. No fue así. Montero anunció una nueva propuesta de población ajustada, que tampoco llegó a ver la luz nunca. Y ahora Sánchez, lo hizo en el debate de investidura de hace unas semanas, ha anunciado su intención de «impulsar» la reforma del modelo.

El actual sistema de financiación se aprobó en 2009 por un periodo de cinco años. Por tanto, desde el 1 de enero de 2014 -están a punto de cumplirse los diez años justos- se encuentra 'caducado'. Sigue en vigor, claro está, pero debería de haberse aprobado uno nuevo y no se ha hecho. La Comunitat Valenciana ha sido la práctica totalidad de ejercicios desde 2009 la que menos fondos por habitante ha recibido del modelo en vigor, junto con Murcia. Del anterior, que se aprobó en 2002 y estuvo vigente hasta el 2009, la Comunitat también estuvo a la cola en financiación per cápita, sólo por delante de Baleares.

Aunque no figura en el orden del día, la consellera de Hacienda Ruth Merino, que acudirá el lunes a la reunión del CPFF tiene previsto aprovechar su intervención ante los representantes del Ejecutivo central y del resto de CCAA del régimen común -se mantiene la incógnita de si Cataluña acudirá a la cita- para exigir la inmediata reforma del modelo de financiación. «La reforma de la financiación va a ser lo primero que va a tener que abordar el Gobierno y lo que le va a exigir el Consell», ha proclamado Merino hace pocas fechas.

La portavoz del Consell ha censurado además esa «bilateralidad» asumida por el PSOE para negociar con Cataluña al margen del resto de autonomías. Sin más noticias de la condonación que ese criterio de población del que habló Sánchez hace pocos días, y que para la Comunitat Valenciana supondría rebajar su deuda en 9.750 millones de euros, Merino aprovechará previsiblemente su intervención para exigir transparencia en las negociaciones del nuevo modelo y que la propuesta del Gobierno no sea un acuerdo alcanzado primero con Cataluña que luego se plantea como acuerdo cerrado al resto de CCAA. Y que reformar la financiación sea prioridad.